El papel político de OEA enfada a todos los sectores de la región

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Santiago Zeas B. Coordinador

El descontento por la tarea de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejó de ser una postura exclusiva de los países llamados bolivarianos.

Ese malestar también ha llegado a otros Estados y actores del continente, que históricamente han apoyado a ese organismo hemisférico.

Si el discurso de los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) apunta a denunciar el "imperialismo" que reina en la OEA, desde otras posiciones ideológicas se cuestiona su "utilidad".

La falta de acción del organismo frente a la crisis venezolana -que ayer cumplió dos meses- destapó ese descontento. Específicamente frente al Consejo Permanente, así como a la tarea de su secretario general, el chileno José Miguel Insulza.

"Diosdado Cabello, un criminal, decidió sacarla del Parlamento, unilateralmente así lo decidió Cabello. La respuesta de la OEA es avergonzante".

Esas palabras son del senador estadounidense republicano Marco Rubio, al criticar el silencio de la entidad tras la expulsión del Congreso venezolano de Corina Machado, legisladora de oposición.

Su malestar se debe a que, indirectamente, la OEA está vinculada a esa destitución. La razón: el 21 de marzo el Consejo Permanente impidió que sea pública la sesión en que Machado quería denunciar la situación de su país, al ser acreditada por Panamá.

La posición de Rubio va de la mano con una creciente visión crítica del Gobierno estadounidense frente a la institución.

La Declaración sobre Venezuela del 7 de marzo del 2014 del Consejo Permanente es la mayor expresión de ese enfado de Estados Unidos.

Junto a Canadá y Panamá, la administración de Barack Obama no solo votó contra su contenido, que apoyó "las iniciativa" del Gobierno venezolano "democráticamente elegido" en busca de la paz.

Washington incluyó una nota al pie, criticando la actuación de la entidad. "EE.UU. no puede respaldar esta Declaración, dado que no refleja adecuadamente el compromiso de la Organización de promover la democracia y DD.HH. Además, la Declaración coloca a la OEA en una posición de parcialismo, lo cual no puede hacer".

Esa postura se repite en otros líderes políticos de la región, que en principio veían con confianza al organismo. El expresidente colombiano y senador electo, Álvaro Uribe, tampoco guardó esta semana sus más ácidos comentarios sobre la situación de Machado y la actuación de Colombia.

"(Colombia) fue uno de los países que en la OEA, para vergüenza de nuestra democracia, votó o acompañó la tesis de que se suspendiera la sesión para que no hablara la diputada", dijo al diario español ABC.

Henrique Capriles, líder de la oposición venezolana, también arremetió contra la utilidad de la OEA en el actual escenario político regional. En esencia, dijo que se ha convertido en un "club de intereses" de los gobiernos de turno que "no sirve". En la misma tónica se pronunció sobre la labor de Insulza.

En la práctica, su discurso se alineó con el de los gobiernos bolivarianos. Ellos han señalado que la OEA debe ser sustituida por otros mecanismos de integración continental como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), sin EE.UU. y Canadá.

En este marco, Insulza trata de eludir cualquier responsabilidad sobre la inacción institucional, al decir que no tiene poder de acción. Según asegura, finalmente son los Estados miembros los que no tienen "disposición de involucrarse".

La carta de OEA
Los países que piden la intervención de la OEA solicitan la activación de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en el 2011.

El instrumento señala que en caso de una alteración del orden constitucional de un país, el Consejo puede tomar acciones.

Entre ellas figuran la organización de gestiones diplomáticas, que incluyen los buenos oficios, según el art. 20.

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