Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO
El susurro de los pequeños en los salones de clase disipó los gritos de reclamo que resonaron un año atrás en los exteriores del plantel.
Esta unidad educativa pública, ubicada en el norte de Guayaquil, vivió días convulsos en octubre de 2017, cuando cuatro maestros fueron denunciados por violar y torturar a cuatro estudiantes dentro del establecimiento.
Los acusados fueron sentenciados a inicios de este mes y la intervención a la escuela, ordenada por el Ministerio de Educación, concluyó. La mañana de este martes 30 de octubre de 2018, el ministro Fander Falconí acudió a la institución donde se presentó el informe final de esta fase de acompañamiento.
Nelson Loor, quien fue nombrado rector tras la salida de las anteriores autoridades por omisiones y negligencia en el manejo del caso, dio un balance de las estrategias implementadas: se nombró un nuevo equipo directivo, se brindó acompañamiento psicológico a los niños afectados, se fortaleció la escuela para padres, los docentes pasaron por pruebas psicométricas, contrataron guardias de seguridad.
También hubo cambios en parte de la infraestructura. Los niños atacados por cuatro maestros confesaron que los abusos ocurrieron dentro de los baños, que ahora cuentan con ventanales en las puertas de ingreso.
El ministro Falconí recordó que, tras la denuncia de violencia sexual en este plantel, las alertas se encendieron desde el Estado para el abordaje de los casos. Entre los ejes de acción mencionó la entrega de información oportuna, lograr sanciones administrativas y penales para los agresores, la prevención y la restauración de los afectados y sus familias.
Falconí indicó además que han entregado a la Fiscalía General del Estado 734 expedientes de casos de violencia sexual en establecimientos educativos, que habían sido archivados. Solo en este año el Ministerio de Educación ha separado a 234 docentes. “El universo de profesores y profesoras es de 200 000. No podemos hacer una generalización en estos casos”, recalcó el ministro.
En el país, desde el año pasado la intervención se ha aplicado en 13 planteles educativos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Manta. María Fernanda Porras, subsecretaria para Innovación Educativa y el Buen Vivir, explicó que cinco siguen en proceso. La mayoría llegó a esta medida extraordinaria, en la que el Ministerio de Educación asume el control, debido a casos de conmoción por violencia, violencia sexual y anomalías administrativas.
Porras recordó además que entre 2014 y octubre de 2018 se han registrado 4 111 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Ecuador. De ese total, 1 837 ocurrieron dentro del ámbito escolar.