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Human Rights Watch insta a la Asamblea y a Guillermo Lasso a eliminar todas las sanciones penales para el aborto

HRW determinó que en Ecuador existen numerosos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención post-aborto. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Human Rights Watch (HRW) insta a la Asamblea Nacional y al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a eliminar todas las sanciones penales para el aborto. El pedido se concretó tras la presentación del informe ¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir?, en el que se detalla el impacto de la criminalización del aborto en Ecuador

La autora de dicho informe, Ximena Casas, dijo que “como mínimo, Ecuador debería garantizar el acceso pleno al aborto para todas las personas que reúnen los requisitos establecidos por las leyes vigentes. Asimismo, debería asegurar que cesen las violaciones al secreto profesional que hacen que las personas eviten solicitar atención de la salud incluso si se encuentran en situaciones de emergencia”. 

El gobierno de Ecuador debe garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, dijo Casas. “Los legisladores y el presidente Guillermo Lasso recientemente elegidos tienen la oportunidad de poner fin a una política cruel y de sumarse a los países de todo el mundo que están introduciendo reformas en su legislación para facilitar el acceso al aborto, en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos y con el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional”. 

Human Rights Watch analizó 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019. El 81% de ese total eran casos iniciados contra mujeres y niñas y un número desproporcionado de estos tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente, dice el informe.  

En un caso, una mujer afroecuatoriana de 20 años se dirigió al hospital después de haber caído por las escaleras en su trabajo. En el hospital se enteró de que estaba embarazada y estaba teniendo un aborto espontáneo. Fue detenida y acusada de aborto consentido y pasó cuatro meses en prisión preventiva con su hijo de tres años. En el juicio fue declarada inocente. 

HRW determinó que en Ecuador existen numerosos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención post-aborto. Esto incluye judicialización de casos, estigmatización, maltrato por parte de profesionales de la salud y una interpretación acotada de la causal que permite practicar un aborto para proteger la salud y la vida de la persona afectada. 

Este es un tema de derechos humanos que obliga a Ecuador a avanzar en la dirección de la despenalización, dijo Ximena Casas. “Las interpretaciones de expertos sobre tratados internacionales ratificados por Ecuador establecen desde hace tiempo que las leyes sumamente restrictivas o que penalizan el aborto violan los derechos humanos de mujeres y niñas, incluido su derecho a la vida, a la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes” 

La investigadora también señaló que existe una tendencia global hacia la expansión de los supuestos en los cuales las personas gestantes pueden abortar. “Desde el año 2000, 28 países han reformado su legislación sobre aborto. En América Latina, a partir del 2006 se han dado una serie de reformas jurídicas que expandieron la prevalencia del modelo de causales. En algunos casos, la legislación ha avanzado hacia la liberalización del acceso al aborto legal. Esperamos que Ecuador se sume a la tendencia global, legalizando el aborto para proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas de manera urgente”. 

Con engaños se realizan exámenes a mujeres para obtener pruebas en su contra 

La abogada de Surkuna, Ana Vera, dijo en la presentación del informe que la criminalización de las mujeres por aborto, incluso cuando estos han sido espontáneos, se dan desde su permanencia en el hospital, en donde se realizan exámenes a las mujeres, aduciendo que son parte de la atención médica, cuando en realidad son pruebas que se empiezan a recoger en su contra. 

“Para hacer un examen como parte del proceso legar es necesaria la autorización de la mujer. Tuvimos el caso de una mujer que fue al hospital y llegaron varios peritos vestidos con batas de médicos y le hicieron pruebas que no se habían autorizado y que se usaron en el proceso penal en su contra. Así se viola el derecho de las mujeres al consentimiento”. 

Ximena Casas confirmó que en varios de los casos que fueron analizados para el informe sucedió lo mismo. “Les hicieron exámenes vaginales para confirmar si usaron misoprostol sin el consentimiento de ellas. También hay casos en los que se usaron procedimientos que hace años son consideradas obsoletos por la comunidad científica y se usaron como pruebas para judicializar a las mujeres”.