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Sarah Khalifa, de 39 años, ha negado todas las imputaciones desde su detención en El Cairo en abril de 2025.
Durante la lectura del veredicto, lloró y declaró, según recogieron medios egipcios y un video difundido en redes sociales.
“Mis padres me criaron bien, son personas que rezan, y no necesito dinero de la droga. ¡Ni siquiera fumo cigarrillos!”.
No es la primera condena que enfrenta.
Previamente ya había sido sentenciada a otros cinco años de prisión en una causa separada por secuestro y agresión contra un joven, de acuerdo con Infobae.
Mohamed Khalifa, hermano de la presentadora, también está involucrado y puedes ver lo que ocurrirá con él en el informe de cómo operaba la red de Sarah Khalifa.
Según informó El Tiempo, citando al medio egipcio Al Shorouk, la defensa de Sarah Khalifa confirmó su intención de continuar el proceso por todas las instancias legales disponibles, ante el Tribunal de Apelación y, después, ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia penal en Egipto.
La defensa señaló que buscará agotar esas vías hasta obtener una sentencia definitiva e inapelable, dejando claro que el caso está lejos de cerrarse.
Khalifa es una figura mediática conocida en Egipto, con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram.
Ganó popularidad como conductora del programa Mission Impossible, dedicado a temas de seguridad y criminalidad.
Además de su carrera en televisión, es dueña de una clínica de cirugía estética y de una productora especializada en la organización de fiestas y eventos.
La legislación egipcia contempla la pena capital para el homicidio premeditado, el terrorismo, algunos delitos de violación y el tráfico de drogas.
Según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, en 2025 se dictaron 541 sentencias de muerte en el país. Un informe de Amnistía Internacional, correspondiente al mismo año, registró 492 condenas a muerte, de las cuales 23 fueron ejecutadas.
Como señaló uno de los medios consultados, el revuelo por este caso no responde necesariamente a que se crea en la inocencia de Khalifa, sino a la preocupación de que una condena a muerte se sostenga sobre pruebas que no han sido hechas públicas, lo que representaría un precedente delicado para el sistema judicial egipcio.