27 de enero de 2019 00:00

El presupuesto para las áreas protegidas baja 33% en este año

El año pasado se empezó a analizar el cobro de entradas a estas áreas. El Parque Nacional Yasuní es uno de los puntos que más preocupa. Foto: Archivo/ El Comercio

El año pasado se empezó a analizar el cobro de entradas a estas áreas. El Parque Nacional Yasuní es uno de los puntos que más preocupa. Foto: Archivo/ El Comercio

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Isabel Alarcón
ialarcon@elcomercio.com

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Los planes de conservación suman un nuevo reto este 2019: lograr resultados con menos recursos económicos. El presupuesto para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), uno de los proyectos prioritarios del 2018, muestra una disminución de un 33% para su gestión. Según el Plan Anual de Inversiones para el Ministerio del Ambiente (MAE), en estos 12 meses se destinarán USD 4 502 768, a diferencia de los USD 6 733 557 que se utilizaron en 2018.

La medida es parte de la decisión del Gobierno de reducir los recursos asignados para las diferentes carteras del Estado. En este caso, el MAE pasó de tener USD 90 568 885,06 el año pasado a contar con USD 53 382 121,44 para este 2019. Esto es casi la mitad del presupuesto al que esta entidad estaba acostumbrada. Aunque el apoyo al SNAP es el segundo punto en el que más recursos se destinarán, la disminución de presupuesto causa preocupación.

María Amparo Albán, consultora ambiental y abogada de ACD Consulting, explica que la reducción es significativa porque el presupuesto que se asigna a estas áreas aún es insuficiente para ejecutar sus planes de manejo y conservación. Esta medida podría implicar menos recursos destinados a temas como vigilancia de estas zonas, que en algunos casos son acechadas por la explotación ilegal de madera o las actividades extractivas.

Santiago Ron, curador de anfibios del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explica que el SNAP tiene gran importancia porque la mayoría de especies no puede sobrevivir en hábitats alterados por actividades humanas. Estas zonas limitan el impacto y permiten la supervivencia de las especies. El investigador coincide en que si los recortes se dan en el tema de guardaparques o logística en el campo, tendrían mayores consecuencias.

Según el MAE, esto no ocurrirá en este año. El SNAP no cuenta con una partida presupuestaria bajo la cual se asignan fondos específicos desde el Ministerio de Finanzas. En este caso, bajo el presupuesto asignado al MAE se cubrirán los gastos sistémicos y del personal de las áreas.

Esta Cartera de Estado destinará los fondos públicos para cubrir gastos deasistencia técnica, recursos y coordinación que reciben estas zonas de conservación desde Planta Central y Direcciones Provinciales. El personal “es un rubro sumamente importante”, considerando que actualmente estos sitios cuentan con alrededor de 800 funcionarios, entre guardaparques, técnicos y administradores.

El MAE explica que, además del gasto corriente, las áreas protegidas seguirán contando con proyectos de inversión que han permitido fortalecer aspectos relacionados con equipamiento básico, medios de transporte e infraestructura.

En Ecuador existen actualmente 56 áreas que pertenecen al SNAP y corresponden al 19,7% de la superficie terrestre continental (4 892 577 hectáreas). Las últimas en integrarse al sistema en el 2018 fueron: Parque Nacional Sopladora Río Negro y Área Protegida Comunitaria Tambillo.

Ron explica que estos puntos son representativos, pero todavía dejan vacíos. En el caso de los anfibios, 207 especies, es decir una de cada tres, no están dentro de las áreas protegidas del Estado. La mayoría de especies excluidas vive en la región Chocó y los Andes.

Una zona que necesita con urgencia la creación de áreas protegidas, dice, es Esmeraldas y específicamente los remanentes de bosque húmedo tropical. La Costa es la que tiene menos vegetación natural, con solo un 28% de su superficie. Otra región muy amenazada es la de los valles interandinos de la Sierra, donde la vegetación nativa cubre el 49%.

El MAE explica que se está trabajando en un nuevo modelo del Plan Estratégico del SNAP, que busca tener en cuenta una forma de sostenibilidad financiera, para que los recursos generados puedan ser reinvertidos en las mismas.

Albán considera que es importante explorar otros caminos que involucren la asociación con actores privados, organismos no gubernamentales e incentivar las iniciativas de cooperación internacional para generar estrategias.

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