La Catedral de Guayaquil, afectada por el sismo del 16 de abril, espera por un estudio. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Un inventario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Guayaquil registró, hasta el año 1987, un total de 600 edificaciones patrimoniales en el centro de la ciudad. 30 años después quedan solo unas 200 construcciones: una pérdida de las dos terceras partes.
La cifra la revela el decano de la Facultad, Florencio Compte, quien critica cómo se ha demolido y remodelado, de forma antitécnica, edificios de valor histórico y estético, muestra de la arquitectura del siglo XX, de estilo europeo.
La caída de la cruz de la Catedral patrimonial de Guayaquil a inicios de este mes, cuyo traslado en helicóptero nunca fue notificado a las autoridades y que se realizó incluso sin permiso municipal, revela la facilidad con la que pueden cometerse infracciones contra el patrimonio arquitectónico.
Según el decano, el traslado fue informado con antelación por los medios. Un helicóptero realizó el primer intento fallido de desmontaje, tres días antes de que la cruz de hierro, de más de dos toneladas de peso, cayera con estrépito de las alturas, a una hora en que se oficiaba misa dominical, aunque sin dejar heridos.
En el barrio patrimonial de El Salado, zona oeste del centro de Guayaquil, una de las 49 edificaciones que en 2011 fueron declaradas como patrimonio de la ciudad fue desmantelada tras su abandono. Actualmente permanece deshabitada, acumulando basura y tomada por habitantes de la calle, constató un equipo de EL COMERCIO. Se trata de la Casa Briz, en la esquina de Luque y Tulcán, una muestra de la arquitectura del siglo XX.
La problemática toma un nuevo cariz ante la transferencia de la competencia de resguardo del patrimonio cultural, del Gobierno central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). El Municipio de Guayaquil aún carece de una dependencia especializada en el tema y tiene un año de plazo para implementarla.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reconoció que la competencia pasó a los municipios. Dijo que ella consiste en velar, autorizar e incentivar al cuidado de los bienes patrimoniales, pero “no en pagar las reparaciones y el cuidado de los bienes que son de terceros”.
Pero la Ley Orgánica de Cultura, en vigencia desde fines del año pasado, establece en su artículo 98, que los GAD tienen la competencia exclusiva sobre la gestión de mantenimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural de sus ciudades. Entre sus tareas están las de planificar, presupuestar, financiar y otorgar de manera regular recursos, así como realizar planes y proyectos locales.
Según el artículo 67, los municipios también deberán impulsar “la participación de los sectores sociales y ciudadanos para definir las intervenciones patrimoniales”, señala Luis Mueckay, director de la Regional 5 del Instituto de Patrimonio (INPC).
El INPC sigue siendo la entidad pública de control técnico del patrimonio. Tiene entre sus deberes y atribuciones, supervisar y orientar a los GAD, de manera técnica, en el ejercicio de sus competencias, explicó Mueckay.
Además, debe comunicar al ente rector -el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con capacidad sancionadora-, cuando se hayan producido violaciones que evidencien descuido, destrucción total o parcial.
Respecto al abandono y deterioro que han sufrido casas como las del barrio de El Salado, el director regional del INPC indicó que se brindó asesoría técnica a los propietarios de casas patrimoniales, pero mostraron poco interés.
“No hubo participación de los propietarios, a diferencia de los del barrio Orellana y los de la calle Numa Pompilio Llona de Las Peñas, quienes sí aceptaron un bono de USD 5 000 para mantenimiento y conservación, a través del programa de Incentivos patrimoniales”, dijo.