El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre De Moraes, ordenó transferir 3,29 millones de dólares de Starlink al Gobierno. Este proveedor de Internet está vinculado a Elon Musk. El embargo de cuentas se dio para pagar multas impuestas a la red social X por desobedecer decisiones judiciales.
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Este viernes, Citibank e Itaú informaron a De Moraes que cumplieron con la orden judicial y transfirieron las cantidades requeridas a la cuenta del Gobierno Federal en el Banco do Brasil.
Tras el pago, De Moraes desbloqueó las cuentas bancarias embargadas, según recogieron los medios locales.
Musk calificó al juez de “dictador con toga”, pues según dijo Starlink no es responsable de las acciones de X, empresa bajo su control.
El pasado 7 de abril, De Moraes incluyó a Musk en una investigación y ordenó a X cumplir con las órdenes del poder judicial brasileño, bajo amenaza de sanciones económicas y legales.
Las pesquisas comenzaron por una supuesta reactivación de perfiles bloqueados por orden del Supremo Tribunal Federal.
El juez advirtió que la empresa enfrentaría una multa diaria 20 000 dólares por cada perfil que no acate la orden judicial. En caso de incumplimiento, los representantes legales de X en Brasil serían acusados de desacato.
El 17 de agosto, X anunció el cierre de su sede en Brasil, lo que viola la legislación local que obliga a las plataformas de redes sociales a tener un representante legal en el territorio.
El 28 de agosto, De Moraes exigió a Musk que designara un representante legal en Brasil en 24 horas. Musk respondió con memes generados por inteligencia artificial.
Dos días después, De Moraes ordenó la suspensión de X en Brasil. También advirtió de imponer multas a quienes utilizan redes privadas virtuales (VPN) para eludir la prohibición de usar la plataforma. Como resultado, muchos brasileños migraron a otras redes sociales como Threads y Bluesky.
El 7 de septiembre, miles de seguidores de Jair Bolsonaro protestaron en Sao Paulo, exigiendo la destitución de De Moraes. Este es el mismo juez que inhabilitó a Bolsonaro para postularse a cargos públicos por ocho años.
