El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) eligió para Contralor General del Estado a Diego García Carrión. García, quien ya ocupaba ese cargo desde el 2008, encabezaba la terna enviada por el Presidente de la República.
El procurador Diego García Carrión mantiene un perfil bajo. No tiene muchas apariciones en público y las pocas entrevistas que brinda a los medios de comunicación son para tratar dos temas: los casos Chevron y Oxy.
Entrevista a Diego García, procurador General Estado
Hoy, a las 09:00, el juez Alfonso Luz Yúnez escuchará los argumentos a favor y en contra del veto del Ejecutivo al Código de la Democracia.
La Procuraduría cuestionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la respuesta que dio el organismo luego de la reunión que mantuvo con las autoridades ecuatorianas, sobre el caso El Universo. En un boletín de prensa, el organismo internacional dijo que “lamentaba que los representantes ecuatorianos emitieran referencias a la medida cautelar y al caso relacionados con el diario El Universo”, y “advirtió a la opinión pública que dichas referencias no serán tenidas en cuenta en la evaluación de peticiones o casos concretos, y que no han sido ni serán registradas en sus archivos”. Según el procurador, Diego García, esta posición afecta la imagen internacional del Ecuador y afecta la defensa del Estado. Por ello, pidió a la CIDH que se realice una aclaración sobre el tema, y además que se rectifique esta posición. Pues el objetivo de las autoridades que acudieron ante el organismo, entre ellas el canciller Ricardo Patiño, la ministra de Justicia, Johana Pesántez; y Ga
HOJA DE VIDA Diego García Su experiencia. Desde abril del 2008 es Procurador General. Es decir, es el abogado defensor del Estado ecuatoriano, quien está al frente de la mayoría de litigios que se mantienen, sobre todo en instancias internacionales. Su punto de vista. El Estado sí respondió a la Comisión Interamericana de DD.HH. Sila indemnización para los ex jueces se ratifica, Lucio Gutiérrez, el Congreso, el Tribunal Constitucional y la Policía deberán responder por ello.