Hoy, a las 09:00, el juez Alfonso Luz Yúnez escuchará los argumentos a favor y en contra del veto del Ejecutivo al Código de la Democracia.
Por las voces en contra acudirán las organizaciones políticas y sociales que presentaron las cinco demandas de inconstitucionalidad del texto legal. Mientras que a favor comparecerán los delegados de Presidencia y de Procuraduría, como abogado del Estado.
En la mayoría de demandas de inconstitucionalidad, que han sido presentadas en contra de normas aprobadas por la mayoría oficialista de la Asamblea o de vetos presidenciales, la Procuraduría ha manifestado su respaldo a la tesis gubernamental.
Así, por ejemplo, la entidad se opuso a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Minería, pedida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. (Conaie). Tampoco consideró inconstitucional el articulado del Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), sobre la dirección de los Registros de la Propiedad de los cantones; ni de la Ley de Participación Ciudadana, sobre las revocatorias del mandato.
Asimismo, la Procuraduría se mostró a favor de que se elimine de la Carta Magna el artículo 63 de la Ley de la Función Legislativa, que establecía que las reformas a esa norma no necesitaban pasar por la aprobación del Primer Mandatario. Así, el Pleno de la Corte resolvió declarar nulo el texto del articulado, con lo que se le permitió al presidente Correa que ejerza su derecho al veto.
Asimismo, la Procuraduría apoyó la petición de organismos de derechos humanos y vinculados con la libertad de expresión, para que se elimine del Código Penal el delito de injurias en contra de las autoridades estatales, conocido como desacato. Esto, porque el Ministerio de Justicia ya contempla esa medida en el proyecto de nuevo Penal Integral, aunque sí se sancionan las supuestas injurias a los funcionarios.
Ahora, el procurador, Diego García, también se mostró a favor de la posición gubernamental, sobre el veto al Código de la Democracia. El organismo pidió a la Corte archivar las cinco demandas presentadas, porque consideró que las normas impugnadas son constitucionales.
Para Farith Simon, director de la Clínica de DD.HH. de la U. San Francisco, esta respuesta del Procurador “es política”, y consideró que en el tema de fondo del veto es “limitar la información”.
Asimismo, Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, aseguró que es un “contrasentido la actuación del Procurador con una respuesta política, cuando como abogado del Estado debiera dar respuestas jurídicas”, señaló ayer durante un debate en Ecuadoradio.
Las quejas presentadas
Las cinco demandas de inconstitucionalidad fueron planteadas por la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la organización Fundamedios y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), en contra de las limitaciones a la difusión de noticias y reportajes periodísticos durante la época electoral.
Asimismo, la Coordinadora de las Izquierdas (MPD, Pachakutik, Participación y Montecristi Vive); y el bloque Alianza Libertad y el partido Prian, se opusieron a que sea el método D’Hont el mecanismo de asignación de escaños para elecciones.