Preocupados por las “contribuciones” que algunos Asambleístas estarían exigiendo a sus colaboradores, habría el interés de tramitar una resolución para que la Contraloría General audite las cuentas y el patrimonio de cada uno de los miembros del actual Congreso. Vale precisar lo siguiente pues, yo trabajé en el Parlamento como Asesor por más de 10 años y nadie tuvo la “valentía” de pedirme dinero para mantenerme en el puesto.
1.-Los aportes “voluntarios” de los empleados al respectivo “Honorable”, se originarían en la obtención por parte de éste del contrato de trabajo en favor de su subalterno.
2.- El dinero entregado “por cada uno de los beneficiarios” es pequeño en relación a los ingresos del Asambleísta “benefactor”, por lo cual la Contraloría no descubriría nada.
3.- Los pagos nunca ingresan a las cuentas del Parlamentario, pues son destinados a financiar “directamente” los gastos personales, políticos u oficiales del cargo que ostentan.
4.- El problema moral no solo sería éste, ya que los hombres contribuirían con dinero y algunas secretarias harían de “damas de compañía” de los congresistas .
5.- El robo sería perfecto, pues los contratos se los renueva cada año en favor de quienes han colaborado y “se han portado bien”, porque candidatos para reemplazarlos siempre sobran. Esta es la política en la que hemos caído y de la cual será muy difícil salir porque, lastimosamente, se ha perdido la honestidad.