Andrea Medina y Elena Paucar - Redactoras (I)
Los controles en los espacios públicos, el sector comercial y al
tránsito vehicular pasaron desde el Gobierno Nacional -en enero
pasado- a los 221 municipios del país.
Desde entonces, cada Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
cantonal ha establecido varias normas para evitar la expansión de
casos positivos (ver gráfico).
En urbes como Ambato, Santo Domingo o Tulcán se ha mantenido el
esquema de la semaforización que se planteó en abril del 2020.
Para sustentar estas decisiones, los cabildos se han basado en la
emisión de ordenanzas especiales, que son el único marco legal que
respalda sus competencias.
La disyuntiva surgió cuando tuvieron que combinar normativas que vayan
a la par de la reactivación productiva de cada cantón y el control
sanitario. Así lo indicó Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico y
presidente de la Regional 2 de la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas (AME).
“Lo único que nos queda por hacer es legislar mediante ordenanza. En
ese marco tratamos de generar un orden. Aunque eso va a afectar a las
demás ordenanzas que regulan las actividades comerciales”.
A criterio de Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) nacional, cuando se centralizaron las medidas hubo
una mayor contención del virus. Sin embargo, ha entendido que las
decisiones deben coincidir con la reactivación, por lo que recordó que
el control no podrá ser permanente.
“La gente tiene que aprender a convivir con el virus. No podemos estar
todo el tiempo confinando o tomando medidas restrictivas”, opinó
Zapata.
Por ello, volver al confinamiento no es un escenario que planea
Guayaquil. El secretario del COE cantonal, Allan Hacay, explica que,
por el contrario, se preparan para ampliar porcentajes de aforos en
comercios, restaurantes, hoteles y transporte. Casi todos se mantienen
en el 50%.
“El confinamiento requiere un nuevo estado de excepción y eso solo lo
autoriza el COE nacional. Es necesario buscar un equilibro, no podemos
permitir que más negocios sigan quebrando”, recalcó Hacay.
Guayaquil fue la ciudad más golpeada en el arranque de la pandemia en
Ecuador. Solo entre marzo y abril del 2020 tuvo 7 528 casos
reportados.
Por ahora experimenta un leve repunte, como efecto del feriado de
Carnaval. Desde el COE local se proyecta que las cifras se estabilicen
en una semana para luego emitir las nuevas resoluciones.
“El escenario para liberar los aforos está listo y los sectores
productivos tendrán que poner de su parte y buscar fórmulas para
reactivarse”, señaló Hacay. Eso implica un compromiso en mantener las
normas de bioseguridad.
En octubre, Guayaquil dio más impulso a la flexibilización. El también
director municipal de Gestión de Riesgos recuerda que en esa fecha
recibieron los resultados de una encuesta de condiciones de vida que
reveló cifras sobre reducción de ingresos y aumento del desempleo,
entre otras.
Sin embargo, reconoce que el confinamiento no puede descartarse del
todo, porque incluso países europeos han pensado en retomarlo ante una
nueva ola de contagios.
Para los gobiernos provinciales, el ámbito productivo también está
entre las prioridades. Por eso demandan un trabajo conjunto y
coordinado con todos los niveles de gobierno. Lo reiteró Edwin Miño,
director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).
Miño puntualizó que los habitantes de la ruralidad requieren atención
especial porque muchos salen a las ciudades a vender sus productos y
representan un riesgo para sus comunidades. Para ellos, indicó, es
vital la vacunación.
Pero para llegar a todos los sectores, el principal desafío de los
gobiernos locales es contar con los recursos necesarios, por lo que
han insistido en que el Ejecutivo les pague las deudas pendientes.