Ecuador es un país que no protege a sus mujeres. Los casos de Julianna Campoverde, Naomi Arcentales, Lisbeth Baquerizo, Dayana Ortega (y muchas más) son prueba de aquello. Así como el caso de Paola Guzmán, una niña de 14 años que fue violada por el rector de su escuela; o los casos de Martha y Diana que se dieron en el 2019. Los abusos, las violaciones, desapariciones y asesinatos no paran. Ahora leemos el caso de la Ab. María Belén Bernal y en lugar de unirnos como sociedad para exigir respuestas, algunos buscan politizar tan delicada situación.
Ciertas personas mencionan que son actos entre particulares y, por lo tanto, no hay responsabilidad estatal. Esto debe aclararse. Primero, los hechos se dieron en un recinto policial. Segundo, si bien un Estado no es responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares en su jurisdicción (ver González y otras vs México), sí será responsable cuando: 1) conoce de una situación de riesgo real e inmediata para un individuo o grupo de individuos determinado y 2) tiene posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Entonces, la clave está en determinar desde cuándo el Estado ecuatoriano conoció de la desaparición de la Ab. María Belén Bernal y qué hizo para prevenir o evitar ese riesgo. Tercero, cuando se conoce de la desaparición de una mujer, la Corte IDH ha mencionado que surge el deber de debida diligencia estricta. Esto implica la obligación estatal de búsqueda inmediata durante las primeras horas y los primeros días pues las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de su libertad y sigue con vida.
Habrá que determinar, entonces, si las autoridades luego de conocer la desaparición de la Ab. Bernal aplicaron el deber de debida diligencia estricta. Como sociedad debemos exigir respuestas serias que deriven en acciones específicas para encontrar a María Belén y procesar al culpable. Lo contrario es aceptar la indolencia de un país que no protege a sus mujeres.