Tal como están las cosas, no habrá votos ni para insistir en el texto que aprobó la Asamblea Nacional, ni para que ese organismo se allane al voluminoso veto presidencial a la Ley de Educación Superior. Esto implica que en menos de un mes entrará en vigencia esa norma tal como el Presidente la dejó redactada con su veto.
Ante esta realidad, la reacción del sistema universitario ha sido múltiple. Por una parte se ha dado una ratificación de principios fundamentales que unen a todas sus instituciones y estamentos. Por otra parte, las iniciativas de reacción han sido diversas y en algunos casos confusas.
El largo y frustrante proceso que antecedió a la aprobación de la ley puso de manifiesto dos realidades. Por un lado, el Gobierno y sus asambleístas, no tuvieron voluntad real de diálogo, de recoger las reformas que mejoren un proyecto francamente desastroso que, al final, terminó imponiéndose con el veto presidencial. De otro lado, se ha dado una unidad inédita de todo el sistema universitario alrededor de tesis básicas.
En los diálogos infructuosos que se dieron con la Senplades y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, en las asambleas y movilizaciones universitarias se afirmó un conjunto de principios que deben regir a la educación superior.
En primer lugar, las instituciones son comunidades de autoridades, docentes, alumnos y trabajadores que deben participar en su dirección y gobierno. Todas las universidades deben tener cogobierno. En segundo lugar, la calidad es el objetivo central. Para ello se debe desarrollar todos los mecanismos que la garanticen. En tercer lugar, las instituciones individuales y el sistema en su conjunto, deben tener la necesaria autonomía garantizada por la Constitución y la tradición democrática ecuatoriana. En cuarto lugar, las universidades no pueden ser negocios privados. Todas, públicas y particulares, deben ser responsables ante la sociedad, y que deben sujetarse a la planificación nacional en coordinación con el gobierno.
Como nunca antes, esos principios han unificado al sistema universitario. Y en el futuro, esos principios deben ser los referentes de su funcionamiento. Será tarea de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana el sostenerlos.
Ante el veto, la reacción de algunos rectores, de sectores de estudiantes, de docentes y sobre todo de los empleados universitarios públicos, que son de los más golpeados por la ley, ha sido de desconocimiento y abierta movilización. Otros rectores y representantes de estamentos han hablado de nuevo intento de diálogo y de lograr reformas a la ley.
No pasarán muchos días en que se compruebe que el diálogo es del todo inviable y que se impondrá al fin la ley que planteó el Ejecutivo. Allí volverá la unidad de todo el sistema universitario alrededor de los principios.