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Más allá de avances y esfuerzos innegables en el campo polÃtico, que hay que reconocerlos de manera especial, el inicio de la reinstitucionalización y el destape de la corrupción en el correÃsmo, las tareas han sido a medias o nulas en la recuperación de los ingentes recursos que se sostiene que se llevaron.
La ContralorÃa ha hecho una tarea intensa y ha presentado un sinnúmero de informes con serios indicios de responsabilidades administrativas, civiles y penales, pero muchos quedan en las instituciones que deben procesarlos. En lo penal, la FiscalÃa tiene la obligación de actuar de oficio o a petición de parte (art. 195 de la Constitución) pero le ha desbordado tanto caso. Los centenares de procesos por abusos sexuales a menores. Los casos de menores desaparecidos y los padres esperan impotentes.
La ContralorÃa emite periódicamente innumerables glosas. Unas son confirmadas y definitivas pero si eso ocurre, cuánto se ha recuperado o queda solo en las notificaciones y publicaciones y continúa la impunidad. Hay tantos casos pero los resultados no aparecen. Uno nuevo tapa al último, igual que ocurriera con los anteriores.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lidera una lucha coordinada contra el lavado de activos. Realiza una importante tarea a través de procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y entrega información reservada contundente, sustentada, documentada, pero hasta allà llega su tarea. En base a sus informes, dos concejales están procesados y trabajan con grillete como si no pasara nada, cuando los cargos entregados señalaron presunto enriquecimiento ilÃcito, con la confirmación de los bienes encontrados. Hasta dónde hemos caÃdo, la capital no se merece y habrá que esperar qué sucede en estas indagaciones y si pese a las evidencias la impunidad vuelve a reinar.
Hace un año una sentencia condenó al ex vicepresidente, compañero del prófugo en Bélgica, a seis años por asociación ilÃcita (para qué?) y dispuso que se investigue los delitos de concusión, cohecho, peculado, lavado de activos, testaferrismo. Sin embargo, el paÃs sigue esperando sus resultados.
Qué diferencia con otros paÃses, el caso del Perú, en donde están procesados cuatro ex presidentes. Otro que gobernara diez años fue sentenciado a 25 años de prisión efectiva. Con eficacia han recuperado ingentes recursos localizados en el exterior y atribuidos a algunos ex altos funcionarios e incluso generales de la fuerza pública. Acá los organismos de control, la justicia y todos, incluida la sociedad civil y organizaciones sociales, están en la obligación de contribuir en la lucha contra la corrupción, como dicta la Constitución.