Carlos Jaramillo

Tomaduras de pelo

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Sábado 07 de enero 2012
7 de January de 2012 00:01

Al iniciarse el año 2012 están en trámite importantes y polémicos proyectos de ley, en el seno de la Asamblea Nacional, entre ellos las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la tan manoseada Ley de Comunicación.

En ambos casos los legisladores se han enfrascado en avinagradas discusiones, que resultan estériles, tomadura de pelo si se considera que es usual que el Ejecutivo vete los proyectos y, a la postre, los rehaga e imponga su voluntad.

La Constitución de Montecristi establece que, una vez que la Asamblea apruebe un proyecto de Ley, deberá enviarlo al Presidente de la República para que lo sancione u objete, pero en el caso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los bloques de oposición estiman absurdo que tenga que someterse a consideración del Mandatario, ya que se trata de un cuerpo legal que regula el accionar de una Función independiente, que tiene entre sus facultades principales la de fiscalizar a los miembros del Régimen, tarea que ha estado bloqueada. En cambio, el presidente Correa afirma que es una estrategia de la oposición para lograr réditos políticos.

Es así que, una vez que la Asamblea aprobó recién algunas reformas a su Ley Orgánica, que no son del agrado de Carondelet, y ante la posibilidad de que, como contempla el artículo 63 de dicho cuerpo legal, las envíe directamente al Registro Oficial para su publicación, sin conocimiento del Presidente de la República, el economista Correa demandó ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del mencionado artículo, pese a que él mismo sancionó esa ley en su oportunidad, y solicitó la emisión de una medida cautelar que impida la promulgación de las reformas. Su demanda fue atendida favorablemente de inmediato. El desen- lace es predecible.

En lo que respecta al proyecto de Ley de Comunicación, que ha sido sometido a un vía crucis y que, según se anunció, será sometido a votación la próxima semana, el presidente Rafael Correa ya advirtió que si la Asamblea Nacional no la expide en un plazo perentorio, podrá hacerlo la Corte Constitucional, con carácter temporal, posibilidad que ya planteó hace unas semanas un asambleísta del oficialismo.

De todas maneras, sea aprobada por la Asamblea nacional o elaborada por la Corte Constitucional, es inminente que se impondrá el criterio del Mandatario, quien debería tomar en consideración las múltiples y respetables voces de dentro y fuera del país en defensa de la amenazada libertad de expresión.

Por lo tanto, resulta una pérdida de tiempo la discusión de algunos proyectos de ley en la Asamblea Nacional, pues muchas veces se dejan de lado argumentos sensatos, irrefutables y se impone una pírrica mayoría lograda con legisladores a los que se acusa de alinearse con el mejor postor, igual que durante la abominable noche neoliberal…