Marco Arauz

Sopas envenenadas

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Domingo 22 de enero 2012
22 de January de 2012 00:00

Los cibernautas ecuatorianos parecen estar más concernidos con el debate alrededor de la SOPA, por sus siglas en inglés (Stop Online Piracy Act), que con la amenaza a la libertad de expresión en su propio país y, en general, con toda la fanesca institucional que el poder sigue cocinando.

Se entiende, por supuesto, que los usuarios de la Internet estén preocupados, como lo están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, por una medida que si bien persigue erradicar la piratería y defender los derechos de autor, pudiera terminar por limitar la libertad de expresión en la web.

Las protestas, que incluyen acciones como las que tomaron esta semana Wikipedia y Google, sirvieron para que la Comisión Jurídica del Senado de Estados Unidos postergara la votación de la SOPA, a la espera de consensos. Se aplaude que la presión pública en defensa de la libertad también provenga del Ecuador, aunque esta actitud debiera repetirse puertas adentro.

No se trata de casos como los que están sucediendo en Cuba, donde Wilmar Villar, un disidente de 31 años, murió el jueves después de 50 días de huelga de hambre. Aquí no hay muerte física, pero el poder está logrando su objetivo de matar las voces que disienten, a través de juicios y presión pública, con el resultado de un periodista autoexiliado y varios fuera de sus puestos, así como un alto nivel de autocensura.

Y si las cosas van de acuerdo con los deseos gubernamentales, el martes 24 la vieja Corte ratificará la condena contra El Universo, que prevé prisión de tres años para el autor de un artículo considerado injurioso por el presidente Correa, así como para los tres directivos del medio. Los cibernautas, y otra gente informada, no pondera la gravedad de este precedente, no solo porque acrecentará el temor de opinar e informar, sino porque obligará a que directivos ejerzan la inconstitucional censura previa para evitar sanciones.

Pocos parecen darse cuenta de lo que significa para un periodista y para un empresario periodístico pagar en conjunto USD 40 millones para reparar el honor supuestamente ofendido: es el doble del patrimonio total de una empresa, 20 años de utilidades, 40 veces la indemnización que un Estado paga por la pérdida de una vida humana, miles de salarios básicos.

Lo lógico sería que casos como el de El Universo y el del ex vicepresidente Dahik –quien acaba de beneficiarse de un fallo igual al que dio la tan criticada ‘Pichi’ Corte- sean juzgados por la nueva Corte. Pero quizás no tiene sentido esperar nada de esto cuando la Asamblea aprueba una normativa para silenciar a la prensa en campaña, y el Presidente de la Corte Constitucional cena públicamente con el Secretario Jurídico de la Presidencia, en un claro caso de conflicto de interés. ¿Quizás creen que nuestra ‘sopa’ es menos letal?