El desprestigio en que está la Asamblea Nacional es angustioso y no debe alegrar a nadie. La función legislativa es un pilar insustituible en un sistema democrático. Que quienes aprecian su labor positivamente estén en el 3% de los encuestados es muy malo. No tiene confianza ni apoyo ciudadano.
El exceso de asambleístas abona a su desprestigio. Casi se han duplicado desde hace 25 años. Los escándalos de corrupción no son ya excepcionales y no han sido erradicados con la energía necesaria. La vergonzosa conducta por la que algunos legisladores obligaban a sus colaboradores a compartir su remuneración, el aprovechamiento en la contratación de obras -como en el caso del hospital para Pedernales-, legisladores ciegos, sordos y mudos beneficiándose del carnet para discapacitados, la errática conducta en las votaciones, en las que nadie sabe cómo lo harán hasta último momento, acaban con cualquier reputación.
Y tiene el efecto pernicioso e injusto de la generalización, por la que los buenos y honrados, que los hay, difícilmente se salvan del desprestigio.
La crisis de los partidos políticos contribuye a que no hayan bloques parlamentarios bien estructurados, que, estén con el Gobierno o en la oposición, lo hagan por principios y no por prebendas que desnaturalizan la gestión y corrompen la función.
Hay que rescatar a la Asamblea, su prestigio y su eficacia. No hacerlo es poner en riesgo la democracia. Estas pueden ser medidas básicas: 1) Disminuir el número de legisladores a no más de cien y elegir más asambleístas nacionales, que actúen con criterio nacional, fortaleciendo la asesoría institucional en lugar de la individual. 2) Renovación parcial a la mitad del período. 3) Establecer una Comisión Legislativa Permanente como órgano técnico de legislación que funcione todo el año, con representación proporcional de los distintos partidos representados. La Asamblea tendría dos períodos ordinarios de sesiones de sesenta días cada uno, y extraordinarias cuando se justifique. 4) Dictar una Ley de la Función Legislativa que trate a los legisladores como tales y no como a niños malcriados a los que solo falta obligar a timbrar tarjeta de asistencia. 5) Integrar la Comisión de Fiscalización con representación proporcional, en la que el Ejecutivo no podrá tener mayoría. La falsa fiscalización ha devenido en la manera de aprovecharse política y aún mercantilmente, por asambleístas mercenarios que con el membrete de “independientes” han prostituido la actividad parlamentaria y son los principales responsables del deterioro gravísimo que sufre. 6) Establecer un procedimiento técnico adecuado para discutir y aprobar las leyes. Más se necesita, pero no todo es posible.
Ninguna reforma servirá si los asambleístas no son honorables, capaces y patriotas, lo que está en duda en el futuro inmediato con tanto prontuariado y aventurero candidato.