No será la primera ni la última vez que el Ecuador mira con espanto una serie de eventos que dan cuenta que, para despecho de las mayorÃas, pese al cambio revolucionario ofrecido, las prácticas reñidas con la moral, la ética y la ley siguen al orden del dÃa. En este momento ya no se puede culpar a administraciones anteriores. Los lugares en donde se generan los escándalos están copados por personas que fueron parte, y aún lo son, del proyecto polÃtico en marcha. La esencia del problema está en que no se puede esperar una adhesión a la ley o a las normas de personas que, por su formación ideológica, siempre han repudiado el Derecho. Desde la óptica de una persona que se confiesa de izquierda, el esquema jurÃdico no es sino parte de una superestructura que se acomoda a los intereses de turno. Copado el poder habÃa que expedir una nueva normativa que refleje el cambio propuesto. Si hubieron equivocaciones en su redacción, la tarea es sencilla: se hace una interpretación forzada de la norma, aún cuando se tenga que negar lo evidente; y/o, se la modifica. No interesa la permanencia de un sistema jurÃdico determinado, lo que importa es que éste se ajuste a los objetivos de carácter polÃtico. Nada más.
Puede existir el ropaje democrático, pero un esquema de esas caracterÃsticas es la negación del Estado de Derecho. La ley es una construcción dirigida a regular y controlar las acciones humanas para que la convivencia sea armónica, disponiendo la manera e de resolverse las controversias. Pero su creación es tan dinámica como las propias sociedades que las generan. Si el proceso de generación de las normas está influenciado por el deseo de imponer un determinado esquema que choca con las aspiraciones de un vasto segmento, el conflicto surge de manera inevitable y ese producto resistirá el tiempo que se encuentren en el poder sus mentores.
Si realmente se quiere construir un sistema jurÃdico que trascienda más allá de lo que duren los distintos gobiernos, la única manera de lograrlo es a través de los consensos. Aquello significa realizar concesiones de parte y parte entre todos los actores involucrados, ponerse de acuerdo sobre lo fundamental y dejar que las propias instituciones sean las que posteriormente produzcan las normas que las regulen. Sin la existencia de esos elementos todo resultará efÃmero y terminará como tanta otra normativa que se ha dictado durante la época republicana.
El problema no es de ley, sino que en el interior de hombres y mujeres no existe la voluntad de acatarla, peor si es el producto de una imposición. Si no se crea la conciencia ciudadana que la única forma de progresar como sociedad es cuando todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna clase, se sometan a la ley, seguiremos como espectadores de un paÃs sin rumbo, a la deriva. Pero lograr ese cambio en el corto plazo se convierte en una quimera inalcanzable.