Al día siguiente del anuncio del Presidente sobre las medidas económicas se evidenció una división en el sector empresarial. Exportadores y pequeños industriales se mostraron optimistas, los grandes industriales las apoyaron a medias y el sector comercial se mostró abiertamente en contra.
Esta reacción fue producto de una combinación de tres factores: los siete incentivos al sector productivo, el alza de impuestos, aranceles y tasas a la importación de bienes, y el resultado del diálogo público-privado.
Con los incentivos tributarios, el Régimen decidió inclinar la balanza a favor de los exportadores y pequeños empresarios, quienes tendrán una menor presión tributaria mediante la devolución del impuesto a la salida de divisas, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y la reducción o exención en el impuesto a la renta.
Las grandes industrias, que apoyan parcialmente las medidas, así como el sector comercial, también recibieron incentivos. En el diálogo con el Gobierno lograron que se modifique la fórmula para calcular el anticipo del impuesto a la renta -que reduce la liquidez a las compañías- y que se devuelva progresivamente este impuesto mínimo.
Por eso reconocen que un 80% de sus propuestas fue recogido y que hay otra serie de medidas que se aplicarán vía decretos o resoluciones, para lo cual será importante mantener abierto el diálogo público-privado, que quizá es el mayor logro luego de una década de decisiones económicas unilaterales.
Las medidas económicas, que lucen insuficientes y aisladas como para hablar de un programa económico, pretendían mejorar competitividad de las empresas bajando sus costos de producción.
Sin embargo, las grandes empresas tendrán que pagar tres puntos más de impuesto a la renta. Y si se añade el aumento de aranceles y tasas, resulta que el Fisco conseguirá USD 1 600 millones para financiar el gasto público. Esos recursos saldrán del sector privado -empresas y consumidores-, que terminarán pagando los excesos fiscales.