El futuro puede mirarse como promesa o como amenaza, pero nadie deja de inquietarse con el futuro porque avanzamos hacia él, como decía Unamuno, a sesenta minutos por hora. Preocuparse del futuro para algunas personas significa leer el horóscopo o visitar a la bruja, pero para los más sensatos significa pensar en las consecuencias que tendrán sus acciones presentes, planificar y anticipar. El futuro, después de todo, se construye en el presente. De la previsión nació el sistema de Seguridad Social que consiste en reservar recursos para proteger a los ciudadanos de los riesgos de reducción de ingresos por enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, desempleo, invalidez y vejez.
La previsión es fundamental en la economía y un modelo económico se considera fallido cuando no es sostenible. Dilapidar los recursos en el presente con olvido del futuro, es irresponsabilidad imperdonable. Es injusto, decía Napoleón, que una generación sea comprometida por la precedente, hay que encontrar, añadía, un medio que preserve a las generaciones venideras de la avaricia o inhabilidad de las precedentes. Justamente el año de su muerte, 1821, nació en Europa el sistema de Seguridad Social.
En Ecuador, la primera institución de Seguridad Social nació en 1928 como protección contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez. Ahora el sistema está enfermo y necesita remedios. El mal que pone en peligro al sistema se llama déficit actuarial. Según el último estudio que se ha hecho público, el déficit del fondo de pensiones supera los cinco mil millones de dólares, debido a la deuda del Estado y a las reformas al sistema de seguridad social en los últimos tres años. Cada afiliado llega con un déficit de 15 000 dólares. En nuestro sistema, los patronos y los trabajadores suman el 60 por ciento y el Estado el 40 por ciento de los aportes, pero el Gobierno ha incumplido los pagos del seguro de salud y lo más probable es que no pague, pues no están considerados en el presupuesto.
Hay tres maneras de cubrir el déficit de la Seguridad Social; la primera es incrementar los aportes de los afiliados, la segunda retrasar la jubilación y la tercera establecer una partida adicional en el presupuesto estatal. Esta tercera alternativa es impensable porque el Estado da muestras de asfixia económica y las otras dos tendrían alto costo político.
Aplazar las soluciones o empujar hacia adelante el problema conlleva el riesgo de que se haga más grande, se convierta en insoluble o provoque la tentación política de las soluciones falsas como la que adoptaron en Argentina, en el 2001, cuando licuaron las pensiones de los jubilados pagándolas en patacones.
Para que nuestro sistema de Seguridad Social no sea amenaza sino promesa de vivir los años de la vejez sin angustias o limitaciones, debemos poner este tema en el debate y exigir que se pague la deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la misma moneda que prestó.