Si antes de la pandemia la situación del Instituto de Seguridad Social (IESS) era calamitosa, hoy es aún más crítica. La brecha entre ingresos y gastos se ha agrandado, complicando con ello no solo la cobertura de las diferentes prestaciones sino incluso la misma sostenibilidad del sistema en un corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo a las declaraciones del actual Presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, hasta mayo de este año se desafiliaron cerca de 240 mil personas. Sin embargo, ha habido un incremento de los jubilados. Incluso no hay financiamiento para cubrir la décimo tercera y décimo cuarta remuneración de los jubilados que, en el 2019, representaron USD 500 millones. Por ello, se está analizando la posibilidad de que esto se financie gravando a los décimos de los afiliados cotizantes.
A más de esto, el costo de las prestaciones médicas gratuitas para los cónyuges e hijos menores de 18 años está agudizando el déficit del fondo de salud. En el 2019 se erogaron por este rubro USD 283 millones. De ahí que se ha propuesto el cobro de una prima adicional.
Este déficit en el fondo de jubilación y de salud aumentó a raíz de dos reformas hechas durante el gobierno del Rafael Correa.
En primer lugar, en 2015 el Consejo Directivo de ese entonces emitió la resolución que modificó el porcentaje de los aportes que se hacían al fondo de pensiones para destinarlo al fondo de salud.
En segundo lugar, en el 2010 se reformó la Ley de Seguridad Social para ampliar la cobertura de salud a los hijos menores de 18 años. Es lo que en ese tiempo se llamó como “universalización de la seguridad social”. Es decir, dar seguridad social a todos no con recursos del Estado sino con la plata de los afiliados.
Más allá de los valores antes mencionados, la situación del fondo de jubilación y de salud a mediano y largo plazo es más delicada. Los estudios actuariales, los cuales son una proyección de los recursos que el IESS necesitará a futuro (al 2050 por ejemplo) para cubrir las prestaciones de los afiliados, hablan de un desfinanciamiento de miles de millones de dólares. Ese es el problema más grave.
El hecho de que el actual Consejo Directivo tenga una representación más política que técnica, lleva a que las decisiones que se toman no sean las más acertadas. El IESS ha sido utilizado por todos los gobiernos como caja chica y fuente de financiamiento. La deuda que tiene actualmente el gobierno llega a los USD 6000 millones. Si en el 2010 había cerca de 13 mil empleados, ahora esa cifra supera los 38 mil. Y, para completar el panorama, la corrupción sigue campante.
Hay varias alternativas y soluciones para enderezar la situación de la seguridad social. Sin embargo, estas se diluyen por diversos factores. Jorge Wated ha dicho que algunos cambios estructurales se pueden hacer sin reformas legales sino con decisiones del Consejo Directivo. ¿Podemos abrigar alguna esperanza?