Un gran conglomerado farmacéutico alemán que adquirió la compañía americana Monsanto, anunció la semana pasada que pagará la bicoca de USD 10.900 millones a un grupo de demandantes estadounidenses que acusan a esta última empresa, productora del herbicida glifosato (roundup), de haberles causado cáncer como resultado de haber estado expuestos a ese producto. Esta suma permitirá cubrir al 75% de los demandantes y aun faltarían 30 mil casos por resolver.
¿Por qué me refiero a esta noticia? Porque si Ecuador seguía y tenía éxito con la demanda iniciada en 2008 por la aspersión del glifosato que tanto afectó y afecta a la población fronteriza del Ecuador con Colombia, habría podido ayudar a resolver las condiciones de los pobladores y la grave situación económica del país.
Vale recordar. En 2005 se agudizó el conflicto entre Ecuador y Colombia por las fumigaciones que hizo nuestro vecino en su frontera sur. Tras una interrupción de un año resultado de un acuerdo entre los cancilleres de ambos países, suscrito en 2005, estas se retomaron cuando comenzó el gobierno de Correa. A fines de marzo de 2008, por acertada decisión del presidente, el Ecuador presentó una demanda contra Colombia ante la Corte de La Haya para conseguir la reparación por los daños causados por el glifosato a la población y a los cultivos de nuestra faja fronteriza.
En el proceso Ecuador tenía todas las de ganar. Todo indicaba, en base a pruebas concluyentes, que el fallo nos sería favorable, como lo ha sido ahora para los demandantes estadounidenses. En estas circunstancias, la Cancillería anunció sorpresivamente que los dos gobiernos habían llegado a un acuerdo extrajudicial.
El convenio, negociado en reserva, sin conocimiento público ni de los pobladores afectados, comprometía al Ecuador a retirar la demanda, como así lo hizo, y a Colombia a informar al Ecuador sobre futuras fumigaciones que debían hacerse a diez kilómetros de la línea de frontera, a cubrir las costas judiciales, y a pagar una indemnización económica -se habló de USD 8 millones- para el desarrollo de la región fronteriza. El acuerdo benefició a Colombia y perjudicó a nuestro país, como ahora ha quedado probado.
Si Ecuador continuaba con el proceso judicial y lo ganaba, como parecía ser el caso, habría tenido un beneficio similar al recibido por los demandantes estadounidenses. Una suma tan elevada, USD 10.900 millones, más los casos aún sin resolver, habría beneficiado no solo a la población de frontera sino hasta habría resuelto nuestra situación económica actual. Este es un extraño capítulo de la diplomacia ecuatoriana del gobierno de Correa. Todo se habría iniciado tras un pedido verbal e informal del presidente Santos a Correa durante una de sus visitas a Quito…