El 30 de mayo, una comisión de expertos entregó al Consejo Constitucional un anteproyecto base para la redacción de una nueva Constitución en Chile. El Consejo de 50 miembros, con mayorìa de extrema derecha, tendrá seis meses para redactar el texto que será sometido a plebiscito para su aprobación final. Este es el segundo intento por reemplazar la Constitución impuesta en 1980 por la dictadura de Pinochet (1973-1990), reformada luego varias veces. En septiembre de 2022, el 62% rechazó la propuesta de la Convención Constitucional, con reformas pretendidamente de corte progresista, pero impopulares.
El anteproyecto de la comisión, aunque tiene cambios respecto de la vigente es moderado. El constitucionalista Javier Couso dice: “En lo procedimental hay un cambio gigantesco ante una Constitución, la vigente, que fue impuesta por una dictadura objetivamente criminal y en un plebiscito fraudulento.”
El nuevo borrador establece un Estado social de derecho que se distancia con el texto actual, de corte privatista. “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
El anteproyecto contiene derechos sociales que no existen en la Constitución actual, como a la vivienda adecuada, condiciones laborales equitativas, seguridad y salud en el trabajo, remuneración justa, derecho a huelga, descanso y desconexión digital, con respeto de los derechos fundamentales del trabajador, derecho al agua y al saneamiento, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas “como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible” e interculturalidad, protección del medio ambiente, sostentabilidad y desarrollo.
El texto “ha dejado a las izquierdas y derechas conformes, aunque no felices, pues todos los sectores tuvieron que ceder en favor de los acuerdos”, según dice un observador.