Lenin Moreno va ganando por puntos a Rafael Correa en el cuadrilátero político. El último golpe que recibió, por medio de Patiño, Aguiñaga, Rivadeneira y demás íntimos beneficiarios y fans del coreísmo, fue neutralizado con una acción de protección que dejó sin efecto su destitución como presidente nacional de AP.
Desde la esquina opuesta, los golpes son demoledores: brota pus en el 60 o el 70% de las instituciones en donde ponemos el dedo, ha dicho el presidente Moreno.
La táctica de tomar distancia del caudillismo personalista y autoritario de Correa y llamar a un diálogo inclusivo con todos los sectores, la conciliación y la apertura democrática han dado resultados; para muestra, basta exhibir los crecientes índices de aceptación del mandatario que reflejan las encuestas.
El centro de la discordia es ahora la Corte Constitucional. Quienes apoyan a Rafael Correa buscan bloquear allí las dos preguntas que amenazan con dejar fuera de combate el líder: la eliminación de la reelección indefinida y el cese del Consejo de Participación Ciudadana. La aprobación mayoritaria de los ciudadanos en las urnas representaría el entierro del correísmo.
Las denuncias de corrupción son parte del servicio fúnebre. En estos días se definirá el juicio penal al vicepresidente Glas y los 18 implicados en las denuncias de Odebrecht. Pero los casos más gordos esperan todavía la investigación y procesamiento judicial.
¿Quién responderá por los más de 640 obras heredadas de la administración anterior en las cuales se detectaron irregularidades, según reveló el presidente Moreno? En esos contratos se elevaron los precios en un 85% en relación con los valores iniciales.
Quedan por auditarse la comercialización del petróleo, las ventas anticipadas de crudo, la refinería de Esmeraldas y El Aromo, las contrataciones con las empresas chinas, sobre todo las hidroeléctricas, la red vial, las escuelas del milenio, el Yachay, los gastos en publicidad, etc., etc.
Una crónica de diario El País del domingo recuerda que el gobierno precedente asignó a dedo la mayoría de los contratos con las empresas de Beijing. Únicamente en ocho de los 48 proyectos más onerosos se siguió el proceso de concurso. Y en 31 de ellos, se ofrecieron beneficios tributarios como una reducción del impuesto a la Renta o que el Estado se comprometa a pagar directamente las facturas en cuentas en China para que las empresas no tuvieran que asumir el impuesto a la salida de divisas. ¿Sucedió así? ¿Cuáles fueron las condiciones de esos contratos?
Como se pintan las cosas en el cuadrilátero político, parece improbable que el expresidente decida regresar para dar la pelea en la campaña de la consulta popular. No querrá exponerse a un anticipado knock out.