La pandemia obligó al actual Gobierno a tomar medidas de ajuste en materia económica. Una de ellas fue el alza progresiva de los precios de las gasolinas y el diésel, que empezó a mediados del año pasado pese a que la decisión se había mantenido postergada desde las protestas de octubre del 2019.
Pero la magnitud de la crisis de la pandemia hizo necesario retomar el tema y desde julio del 2020 se aplica el sistema de bandas de precios, a través del cual comenzaron a disminuir los subsidios, básicamente del diésel, que es el combustible de mayor demanda en el país y el que más subvenciones recibe por parte del Estado.
El sistema ha funcionado sin mayores sobresaltos o amenazas de paralización de los grupos afectados. Si bien es cierto que, en medio de la crisis sanitaria, social y económica, a nadie se le podía ocurrir paralizar el país como ocurrió en octubre del 2019, tampoco han aparecido propuestas en contra del actual sistema.
En las ofertas de la gran mayoría de candidatos a la Presidencia de la República no aparece un planteamiento que amenace el actual sistema de ajuste de precios a los derivados de petróleo, ya que a nadie le interesa profundizar el ya abultado déficit fiscal, cuya magnitud requerirá de nuevas medidas por parte del nuevo gobierno.
Si el próximo Presidente quiere mantener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y asegurar el financiamiento de los multilaterales -que será fundamental los próximos años-, no tendría sentido retroceder en esta medida.
La eliminación del subsidio a los combustibles es correcta. Se puede discutir las formas para focalizar el subsidio, pero es necesario acabar de una vez por todas con un sistema de subvenciones generalizado y que va en contra de cualquier política de lucha contra el cambio climático y de solidaridad con la gente más pobre del país.
Además, es el momento oportuno para corregir las distorsiones que genera el subsidio, ya que la estabilidad de los precios del petróleo y la menor demanda de combustibles juegan a favor de esta medida.
Entre enero y noviembre del año pasado, el subsidio a la importación de gasolinas, diésel y gas de uso doméstico sumó USD 375 millones, una tercera parte de lo que significó el año previo, cuando llegó a 1 156 millones en el mismo período.
El combustible importado con mayores subvenciones fue diésel (71%), lo cual también explica que el año pasado haya sido el que mayor aumento de precios registró bajo el sistema de bandas de precios.
Las gasolinas importadas, en cambio, ya no significaron un subsidio para el Estado, lo cual no ocurría desde el 2004, según estadísticas del Banco Central.
Si bien el sistema de bandas de precios está funcionando para corregir las distorsiones de los subsidios generalizados, hace falta avanzar en dos temas: focalizar el subsidio en grupos de interés y exigir que los combustibles por fin cumplan con parámetros de calidad internacional.
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