Es archisabido que el poder radica en el pueblo. Esta soberanía se ejerce a través de la Constitución, y sus representantes elegidos en procesos electorales, con un plan de gobierno para un período determinado.
Si la democracia formal existe y las autoridades son libremente elegidas, el poder se ejerce a través de las instituciones establecidas en las normas, y que el presupuesto -que es dinero ajeno y escaso- debe administrarse con prudencia, transparencia, ajustado a las necesidades del pueblo y a las leyes conexas.
Pero lo anterior parece una entelequia, porque las normas son superadas por los intereses particulares, y el Estado queda, casi siempre, en indefensión y como “eterno perdedor”, porque ciertos políticos han convertido al Estado -cuesta decirlo- en un botín y no en un escenario de servicio público. El poder, entonces, ha quedado desacreditado y el pueblo desprotegido.
Ante este dramático escenario, ¿cómo poner límites al poder? Hay respuestas formales como el accionar de la Procuraduría o Contraloría, y de la propia justicia -que no solo debe ser independiente sino eficiente, ciega, oportuna y transparente-. Más las labores de estos organismos son reactivas y no preventivas; es decir, actúan cuando se han producido los atracos al erario nacional. Los casos de corrupción avergüenzan a la opinión pública, más no a los supuestos infractores, que invocan persecución política.
Un enfoque para salir de este galimatías sería aplicar dimensiones éticas a la creación e interpretación de las leyes (la letra no basta), por la vía de la argumentación, que vaya más allá de los dogmas jurídicos y políticos; es necesario retornar a la filosofía del derecho y al “espíritu de las leyes”, como preconizaba Montesquieu. Y elegir líderes preparados, honestos y eficientes, en nuevos partidos políticos.
Debemos plantearnos miradas diferentes para que el ejercicio del poder sea confiable -no manoseado por falsas ideologías e intereses-, con rendición de cuentas, limitado por la ética política y que dé certidumbre al estado de derecho. ¿Otra utopía?