7 de September de 2010 00:00

La Ley petrolera

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Washington Herrera

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El tema petrolero en el Ecuador debe ser el primero en la Agenda económica y política de cualquier Gobierno porque sus ingresos son la mitad del sueldo nacional.

Como las necesidades son ingentes se precisan ingresos crecientes, por lo que es urgente aumentarlos cada año. Mas aún cuando se ha privilegiado una expansión del gasto sustentado en estos ingresos, ya como fuente inmediata del egreso público ya como garantía de préstamos que están ingresando para financiar el desarrollo nacional. Entonces la importancia de mantener y aumentar la producción petrolera es superlativa y cualquier legislación que tienda a cumplir este objetivo es primordial.

Si caen los ingresos petroleros no solo sufrirá el pueblo desempleado y subsidiado sino que habrá inestabilidad política.

Este es el tamaño de la cuestión, esta es la magnitud de lo que estamos hablando.

En este negocio se precisan dos partes: el Estado que es dueño de los yacimientos y las Compañías petroleras que exploran y explotan. Estas trabajan a base de la rentabilidad máxima posible y ganan lo que los gobiernos les permitan ganar.

A veces les dejan obtener utilidades desmesuradas y en otras otorgan niveles remunerativos razonables, pero las compañías nunca pierden.

Lo conveniente para el Ecuador es obtener el mayor ingreso posible, pero igualmente es básico asegurar que vengan inversiones cuantiosas porque el Gobierno no tiene con qué. Por eso debe aceptar condiciones onerosas en los préstamos chinos a plazos cortos, mientras el financiamiento de la industria petrolera requiere de largos plazos.

Las últimas reformas impuestas por el gobierno de Correa introducen el mecanismo de prestación de servicios que puede ser útil en la explotación de lo ya conocido pero será difícil que funcione en la exploración de nuevos campos y esto es básico para aumentar la explotación futura y asegurar ingresos crecientes.

Las reformas de Correa priorizan la entrega de los campos de producción a empresas estatales o de economía mixta sin licitación alguna, aduciendo razones geopolíticas.

Las empresas estatales tienen así el privilegio de negociar bilateralmente sin competir con nadie, lo que les llevará a obtener condiciones que les favorezcan y , en consecuencia, perjudiquen al Ecuador, pues hay que tener claro que las empresas estatales también tienen fines de lucro, pues en el mundo no hay filantropía internacional.

El gobierno de Correa ha tomado un rumbo para privilegiar lo estatal respecto a lo privado, pero no solo es cuestión de saber a dónde ir sino cómo ser eficientes para evitar cometer errores por la vocación teorizante y la falta de experiencia práctica. Esta es una materia en donde es prohibido equivocarse.

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