Con la publicidad de ilícitos que ha sido intensa en lo que va del 2020, en que se pone énfasis en la existencia de cadenas para delinquir, la pregunta de muchos es ¿qué pasó con las entidades de control?
Una decisión política del Presidente Correa que, en diciembre del 2007, se asumió en la Constituyente de Montecristi, fue reducir las competencias de la Contraloría –y luego de otras entidades de control- a lo ya realizado, para su pronunciamiento en exámenes de control, a fin de que solo entonces se establezca si estuvo bien o mal lo actuado, contratado o ejecutado, que se revisa. Por eso, la tacha de que la autoridad de control, ante casos de corrupción, actúa post mortem, sólo para establecer responsabilidades de los que ya tuvieron oportunidad de fugar, unos lo hicieron y otros no.
Por décadas, hubo control previo en los procesos precontractuales y para determinadas actuaciones administrativas, lo viví cuando fui Secretario Municipal en Guayaquil, a fines de los años 60 del siglo XX, y luego en varias funciones públicas, hasta en el Rectorado de la Universidad de Guayaquil, 1994 – 2004. Correa criticó al control previo, porque para él era una traba que afectaba a la gestión pública; y, entonces, al eliminárselo, se precipitó el libertinaje contractual y de las actuaciones de quienes estaban en la función pública y sus “contrapartes”, usualmente contribuyentes más forzados que voluntarios, para fondos no declarados, “cajas chicas”, pero de millones, lo que se ha visto en el caso Sobornos, que tuvo como antecedente la investigación que realizaron Fernando Villavicencio y Christian Zurita, que la bautizaron como arroz verde.
Pero, también es esencial, prender las alarmas en otros espacios.
En el Sercop parece que hay el ánimo de introducir correctivos que deje atrás la práctica de que, a pretexto de la presunción de legitimidad de los actos públicos, se ejecutan ilícitos en la contratación pública, inclusive retardando publicar oportunamente en el portal pasos del proceso contractual que deben ser previamente notificados.
En materia de compañías, hay profesionales que sus habilidades las usan para introducir información falsa a la entidad de control, y/o creando gobiernos societarios en que la administración y representación legal la asignan a otras compañías, unas legítimas operativas, y, en otros casos, sólo de papel; o, a colectivos con numerosos miembros principales y suplentes, que pulverizan las responsabilidades, si algún momento son perjudicados el Fisco, el IESS, los trabajadores y los ciudadanos en general. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que tiene profesionales de primera, debe avanzar en la auditoría de la información que se eleva a su portal.