Diego Araujo Sánchez

Jueces reprobados

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Martes 05 de noviembre 2019

Veinticuatro de 36 magistrados no aprobaron la evaluación para la Corte Nacional. Debieron alcanzar 80 puntos, pero obtuvieron puntajes inferiores. Solo siete jueces y cinco conjueces pasaron las pruebas: entre los siete, la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, y la jueza Daniela Camacho.

Los resultados de las calificaciones con tantos magistrados reprobados son una muestra patética de la deplorable situación del alto tribunal de la justicia. Lo más preocupante resulta que los puntajes más bajos se registraron en la valoración cualitativa de las sentencias, es decir, en la prueba final de la calidad del ejercicio de la justicia: la coherencia, rigor, fundamentación, jurisprudencia, doctrina y redacción de las resoluciones.

¿En qué ha venido a parar la famosa metida de mano en la justicia? No, sin duda, en un sistema más confiable, ni muchos menos en jueces y conjueces que brillen por sus conocimientos profesionales, su independencia e imparcialidad; que se distingan por el despacho de las causas sin dilaciones ni insólitas demoras y que no acumulen en sus despachos centenares de procesos represados…

La formación continua de los magistrados y su integridad ética son más necesarias que la construcción de edificios. La modernización no se reduce al mejoramiento de la infraestructura física. Bienvenida esta siempre y cuando su construcción no haya sido la oportunidad buscada para los sobreprecios y otras formas de corrupción. Tampoco debe limitarse a la también necesaria provisión de tecnología. La modernización es un proceso bastante más complejo, que debe tener como centro de preocupación elevar la calidad profesional de los operadores de justicia y contar con magistrados imparciales y confiables.

El más grave mal que ha afectado a la justicia en el país es la subordinación a los intereses políticos. La administración de justicia sujeta al poder político de turno exhibe episodios tan repudiables en la década pasada como la manipulación de jueces para perseguir a opositores políticos y lograr sentencias de acuerdo con los intereses del gobierno. Los correos de Pamela Martínez y Laura Terán, por ejemplo, dejaron al descubierto las presiones desde una oficina externa de la Presidencia de la República en los procesos por el 30-S.

La Función Judicial necesita depurarse para asegurar su independencia y credibilidad. Es positivo que se haya desarrollado con seriedad y rigor el proceso de evaluación; merece todo apoyo el que esta sirva para renovar la Corte Nacional.

Pero queda aún la etapa más ardua, la del concurso y selección de nuevos magistrados; y en la transición, que la Corte no quede en acefalía y no se dilaten más aún las causas, sobre todos las de los delitos de corrupción que también arreciaron por la metida de manos en la justicia.