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Miércoles 28 de agosto 2019

Si no hay inversión, no hay crecimiento de la economía y no se crean empleos. Ese es el gran desafío del país. Luego de 10 años en los que se persiguió a los empresarios y se creyó que el Estado debía ser el mayor inversionista y todo debía girar en su entorno, cuando se agotaron los recursos públicos- muchos de ellos destinados a obra innecesarias a pagar sobre precios y a satisfacer el ilimitado enriquecimiento personal de los gobernantes- no se concreta la inversión privada. Los mayores frenos a la inversión son la indefinición, los constantes cambios en las normas, los anuncios de modificaciones futuras y la falta de confianza en la independencia de los jueces.

En la década perdida, se realizaron al menos 2 modificaciones por año a las leyes de impuestos, se cambiaron por resoluciones o reglamentos las normas laborales y hasta se llegaron a establecer requisitos obligatorios a través de sistemas informáticos.

A varios analistas se les escucha reclamar por la falta de inversión privada. Se ha entregado a las cámaras el manejo de la economía, dicen. Entonces, ¿qué más quieren para “traer” sus capitales e invertir en el Ecuador? Pero el mundo real no funciona como querrían algunos personajes, que no saben las angustias que pasan muchos empresarios para pagar sueldos cada fin de mes.

Un ejemplo: lo ocurrido con el Impuesto a la Renta: La tasa del impuesto corporativo se rebajó paulatinamente del 25 al 22% para luego volverlo al 25 y subirlo al 28%, cuando parte de los accionistas de la empresa están domiciliados en paraísos fiscales. La tasa del impuesto personal -que es en definitiva lo que importa, pues las empresas están para entregar utilidades a sus socios o accionistas -se aumentó del 25 al 35%. Los dividendos estuvieron exentos de impuesto a la renta, porque la tasa corporativa del 25% era igual a la máxima personal, pero luego se sumaron a la renta global para calcular el impuesto total que debía pagar el accionista o socio, que puede llegar al 35%.

Pero hay más: La retención que debe realizar la empresa que declara el dividendo era originalmente de entre el 1 y el 13%, según el monto a pagar. Pero la Ley de Fomento a la Inversión de 2018 determinó que las empresas deben retener el 10% del valor del dividendo bruto, con independencia de su valor, lo cual es un freno para que el pequeño accionista coloque sus ahorros en las pocas acciones de compañías que cotizan en bolsa. Por tanto, un pequeño accionista que recibe un dividendo de USD 1 000, ha pagado participación de los trabajadores, (15%); impuesto a la renta (25%) y retención sobre el dividendo (10%), con un total neto de 42,63%. En contraste, quien coloca su dinero en depósitos a 360 días o más, está exento de todo impuesto a la renta. Entonces, ¿qué fomenta la ley tributaria, el rentismo? o la inversión productiva?

frosales@elcomercio.org