Institucionalidad, libertad y progreso
La institucionalidad democrática es el imperio de la Constitución y las leyes sobre la voluntad arbitraria de los gobernantes. Constituye el ambiente ideal para que cada persona, por su propio esfuerzo, alcance el mayor bienestar posible, y los desvalidos estén debidamente amparados. Para lo cual se necesita que se hagan buenas leyes, que se las cumpla rigurosamente y que se administre justicia en beneficio de todos. Esto, sólo es factible cuando las funciones del poder público cumplen sus tareas correctamente: legislar con sabiduría y fiscalizar con justicia, y sin interferencias; gobernar en beneficio de todos, sin privilegios ni exclusiones; administrar justicia con honestidad e imparcialidad.
Como la institucionalidad democrática se establece para el buen gobierno del pueblo, es lógico que sea éste el que elija, con su voto directo, al Presidente y a los asambleístas, pero siempre en condiciones de absoluta igualdad legal y de procedimientos. Y es lógico que, a su vez, éstos designen los magistrados de Justicia y los funcionarios que dirigen las instituciones de control constitucional y legal.
Como la permanencia en el Gobierno engendra vicios y errores, particularmente cuando se prolonga, es imperativo que exista alternancia en el ejercicio del poder.
No cabe duda que la institucionalidad democrática ha engrandecido a las naciones y les ha permitido alcanzar un alto grado de libertad, justicia, igualdad, orden, paz y progreso.
Pero hay países donde se ha establecido otro tipo de institucionalidad, introduciendo reformas constitucionales y legales con el propósito de acumular poder, dominar al pueblo y quedarse en el Gobierno indefinidamente, no obstante que en ciertos casos los gobernantes fueron elegidos por el pueblo (Alemania nazi, Venezuela bolivariana y otros). Así se han consolidado dictaduras con apariencia de legalidad.
Con estos antecedentes, pre ocupa que en el Ecuador, la aplicación de la ley D'Hont y la utilización de recursos del Estado en la campaña electoral, hayan determinado que el partido del Gobierno logre la mayoría absoluta de asambleístas, a pesar que su votación, a escala nacional, fue del 52%. Hoy no hay fiscalización política y se aprueban leyes como la de Comunicación que contiene aberraciones inauditas: linchamiento mediático y otras.
También preocupa la instauración del poder de Transparencia y Control, varios de cuyos miembros fueron elegidos desechando graves impugnaciones. Poder que junto con la Función Ejecutiva designó a quienes administran la justicia en el Ecuador, y que tiene atribuciones para nombrar a los funcionarios públicos llamados a dirigir las instituciones depositarias del control legal y constitucional del Estado.
En estas circunstancias, casos como el de la valija diplomática, Chucky seven, Gran Hermano, Duzac y otros, van quedando en las sombras de la duda, con grave detrimento de la ética de la nación y de la autoridad pública.
