Fernando Villavicencio renuncia y Ana Belén Cordero se despeña. El escenario: la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El conflicto: la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair… Un escándalo de corrupción que traspasa tres gobiernos… Para redondear, la erosión regresiva del río Coca ha puesto en riesgo la obra que abastece casi el 30% de la energía que consumimos.
Se denuncian tres anomalías. Uno, la contratación; el mecanismo del sobreprecio funcionó a la perfección; de USD 900 millones a 3 100 millones. Con Correa el tamaño de la obra se duplicó sin actualizar los estudios. Dos, las fallas de construcción: la obra presenta 17 mil fisuras, algunas insubsanables. Con un agravante: las autoridades conocieron de las fallas. Tres, las coimas; jugosas comisiones disfrazadas de consultorías (USD 54 millones) pagadas por la empresa china Sinohydro con nuestra plata. Entronque con el sistema de enriquecimiento ilícito (Ina Papers) que el correísmo insistía en investigar sin advertir sus propias conexiones. Aquí aparecen amigos y parientes de Lenín Moreno.
El informe de Fiscalización incluye dos recomendaciones claves: no recibir la obra en el actual estado y marcar distancia con el ministro de Energía por conflicto de intereses. El gobierno trastrabilló y sus legisladores ofuscados (Cordero y otros) se abstuvieron con argumentos contradictorios y falaces. Finalmente, el gobierno se queda con su ministro pero no recibirá la obra así. La señora Cordero queda desmentida.
Para Villavicencio, se colmó el vaso. Su informe -el más exhaustivo y proponente- fue bloqueado por el oficialismo. Le traicionaron y dejaron solo, pese a sus aportes y respaldos. Se habló incluso de pactos sucios, con los chinos por un lado, con el correísmo por otro. La Comisión de Fiscalización no será la misma. Un poroto para los fanáticos de los negociados opacos.
El mensaje al país y a las nuevas generaciones no puede ser más destructivo: la viveza da réditos, la impunidad campea, la ética es un discurso vacío.