
La comercialización formal de oro es una herramienta efectiva para proteger al Estado, a los pequeños productores y a las comunidades.
La estrategia no solo puede centrarse en perseguir actividades ilícitas; también debe enfocarse en fortalecer los canales legales que ofrecen transparencia, trazabilidad y mejores oportunidades para quienes trabajan dentro de la ley.
Las cifras evidencian una realidad preocupante. Aunque las exportaciones de oro legal crecieron de forma significativa durante 2025, el mercado ilegal continúa movilizando cerca de 1 300 millones de dólares al año. Esos recursos escapan al control tributario, debilitan las finanzas públicas y, en muchos casos, terminan financiando redes delictivas.
En ese contexto, el Programa de Comercialización del Oro del Banco Central del Ecuador demuestra que sí es posible construir un modelo alternativo.
En una década, la entidad adquirió 9,8 toneladas de oro provenientes de la minería artesanal y de pequeña escala, por un valor de 573 millones de dólares. Benefició a actores de la cadena productiva y consolidando un mecanismo basado en precios competitivos, pagos ágiles y verificación del origen del mineral.
Los resultados también muestran que la formalización genera beneficios para Ecuador. Solo en 2025, las compras del Banco Central representaron el 8,44% del valor de las exportaciones de la pequeña minería, frente al 4,9% registrado un año antes.
Además, el oro adquirido fortalece directamente las reservas internacionales del Ecuador, aportando estabilidad financiera en un contexto económico desafiante.
Sin embargo, la formalización no puede depender solo de una institución. Requiere una política pública integral que combine incentivos, ajuste en los trámites, acceso a financiamiento, asistencia técnica, controles efectivos y una persecución firme contra las redes criminales que dominan la extracción y comercialización ilegal.
Para muchos pequeños mineros, ingresar a la formalidad aún implica enfrentar procesos complejos y costos que terminan favoreciendo a intermediarios informales.
La trazabilidad será uno de los principales factores diferenciadores en los próximos años. Los mercados internacionales exigen más certificaciones sobre el origen responsable de los minerales, respeto ambiental y cumplimiento de estándares sociales.
Ecuador tiene la oportunidad de posicionarse como un proveedor confiable, pero solo lo conseguirá si fortalece los mecanismos de control. Además, si amplía los programas que garanticen transparencia en toda la cadena de valor.
Combatir la minería ilegal exige operativos y sanciones, pero también construir alternativas económicas viables.