Repavimentación en Quito despierta dudas por calendario electoral
Las obras viales son necesarias, pero su simultaneidad electoral exige coordinación y transparencia.
La repavimentación en Quito es necesaria. Una ciudad con vías deterioradas, alto flujo vehicular y años de mantenimiento insuficiente no puede cuestionar que se renueve su infraestructura.
La discusión empieza en otro punto: por qué tantas intervenciones coinciden, cómo se organiza su impacto y qué transparencia exige su ejecución cuando el calendario electoral ya está en marcha.
Al 5 de agosto, el Municipio mantenía 27 intervenciones viales activas: 14 de rehabilitación, cinco de mantenimiento, dos de mejoramiento y seis frentes adicionales, según información oficial.
No están concentradas únicamente en el hipercentro. Se distribuyen entre el norte, centro, sur y los valles. Sin embargo, varias obras de mayor visibilidad atraviesan corredores densamente poblados y económicamente activos.
La avenida 12 de Octubre, entre la Colón y la calle Tarqui, inició trabajos el 27 de julio y tendrá cierres parciales hasta el 2 de octubre. La Floresta mantiene una intervención iniciada el 30 de abril sobre 25 vías y aproximadamente 15 kilómetros. En la Galo Plaza Lasso se rehabilitan 7,04 kilómetros de carriles laterales entre Carcelén y El Labrador. También continúan trabajos en la Panamericana Norte.
El Municipio sostiene que la simultaneidad responde a razones técnicas. El verano facilita excavaciones, asfaltado y señalización, mientras las vacaciones escolares reducen parte del tráfico.
Además, toda obra requiere estudios, presupuesto y contratación previa. Son argumentos atendibles y descartan la idea de que cada frente pudo improvisarse en pocos días.
Pero la percepción política no nace en el vacío. Las elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre, las candidaturas se inscriben entre el 2 y el 17 de agosto y el alcalde Pabel Muñoz confirmó que buscará la reelección.
En ese contexto, cualquier concentración de obras visibles adquiere inevitablemente una lectura electoral, aunque no exista evidencia suficiente para afirmar que fueron planificadas con ese propósito.
La mejor respuesta no es descalificar la sospecha ciudadana, sino reducirla con información verificable.
El Municipio debería publicar con claridad los estudios de necesidad, fechas de contratación, criterios de priorización, costos, fiscalización y cronogramas originales. Así podría demostrarse si las obras responden a una secuencia técnica o a una aceleración vinculada con el momento político.
También importa la ejecución cotidiana. La coordinación institucional anunciada para la avenida 12 de Octubre incluye a la Secretaría de Movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito y otras entidades. Sin embargo, los desvíos hacia corredores como La Coruña y la coincidencia con otros frentes han producido trayectos más lentos y confusión.
La planificación no termina cuando se firma un contrato: debe sentirse en la señalización, los agentes, las rutas alternas y la información oportuna.
La molestia crece cuando no hay agentes en cruces críticos o avisos llegan después.
Quito necesita repavimentación, pero también previsibilidad. Una obra pública conserva su legitimidad cuando resuelve una necesidad, soporta el escrutinio y reduce razonablemente sus efectos. En época electoral, esa exigencia es mayor.
La discusión no debería ser entre hacer obras o suspenderlas, sino entre ejecutarlas con transparencia y coordinación o permitir que su oportunidad termine debilitando incluso aquello que la ciudad necesitaba.
