Plan de seguridad de Ecuador con menos de tres años para cumplir lo que promete

El Plan Nacional de Seguridad Integral de Ecuador 2025-2029 tiene menos de tres años para cumplir los objetivos que plantea. El actual régimen lo declaró política pública obligatoria este 14 de julio de 2026. Lo hizo mediante decreto 448, pero su aplicación corre hasta el 24 de mayo de 2029. Ahí termina el periodo del presidente Daniel Noboa.

Este plan reconoce que la inseguridad no se resuelve solo con armas. Finalmente ubica la obra social, el empleo, la educación y la presencia estatal como parte central de la respuesta, no como un añadido. Suma además un sistema de seguimiento con métricas cuantificables, fases de ejecución y comités de revisión. En la práctiva, este mecanismo no tuvo el Plan Fénix, la estrategia insignia con la que Daniel Noboa llegó al poder. También incorpora ejes, como la ciberdefensa y el combate al lavado de activos, con metas de formalización minera y laboral previstas hasta 2028.

El diagnóstico y este Plan Nacional de Seguridad de Ecuador llega en un momento crítico de inseguridad. El Gobierno declaró conflicto armado interno desde 2024. Lo hizo para enfrentar a las bandas criminales y desplegó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana.

Pero pese a esa estrategia, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con 9 216 homicidios intencionales. Esta cifra del Ministerio del Interior, está por encima de los 8 248 de 2023 y los 7 063 de 2024. La tendencia tampoco se ha revertido este año: hasta mayo de 2026 ya sumaban 3 485 muertes violentas, un promedio de 23 homicidios por día.

Ese despliegue militar dejó, además, un costo que el plan no resuelve. Un tribunal sentenció a dieciséis militares por la desaparición forzada de cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil. Una patrulla militar había detenido a los menores en diciembre de 2024. Once militares recibieron penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión. El documento no refuerza mecanismos concretos de control ni de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana. Esto con el fin de que casos como el de Las Malvinas no se repitan mientras dure el despliegue militar.

Este Plan Nacional de Seguridad de Ecuador, además, afronta un desafío de calendario. Buena parte de las metas cuantificables vence en 2028 o en 2029, justo en el tramo final del gobierno. Entre ellas están la autosuficiencia del sistema penitenciario y el acceso equitativo a servicios básicos. También la reducción de la brecha digital y los lineamientos contra el lavado de activos. Ese diseño deja poco margen para corregir el rumbo si los resultados no mejoran. En consecuencia traslada buena parte de la rendición de cuentas a la siguiente administración. La administración entrante no está obligada a sostener este plan.

Con esos elementos sobre la mesa, el plan ordena mejor la respuesta del Estado. Pero enfrenta una meta difícil de sostener en los términos en que el Gobierno la planteó. Superar el nivel de inseguridad de Ecuador en menos de tres años exige revertir una tendencia que, hasta ahora, se ha movido de forma sostenida en la dirección contraria. Esa tendencia incluye más homicidios y un calendario de metas concentrado en el tramo final del mandato. No es menor el caso de desaparición forzada que comprometió la confianza en el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. El documento puede ser un mejor punto de partida que los anteriores. Pero no garantiza que el país cierre la brecha de seguridad antes de que termine el mandato que lo convirtió en política de Estado.