
El presidente Daniel Noboa declaró como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, mediante el Decreto Ejecutivo 448, publicado el martes 14 de julio de 2026. Esta iniciativa busca establecer una hoja de ruta estratégica para mejorar la seguridad en el país.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado aprobó el documento el 9 de marzo de 2026. La ejecución del plan recaerá en varias instituciones, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Centro Nacional de Inteligencia, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Este plan tiene como objetivo establecer una hoja de ruta estratégica que las instituciones deben seguir para reforzar la seguridad en Ecuador durante los próximos años. Se enfocará en:
El Gobierno describe que se busca una transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, facilitando así el desarrollo social y económico.
Noboa enfatiza que la intención política del Estado es imponer un control efectivo y sostenido del territorio nacional. Esto incluye neutralizar el poder armado, económico y logístico de las redes del crimen organizado y el extremismo violento.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, añade que la implementación del plan fortalecerá la gobernabilidad democrática y protegerá los derechos humanos. “Su implementación busca fortalecer la gobernabilidad democrática, la protección de los derechos y la cohesión social, sentando las bases para un Ecuador más seguro, resiliente y próspero”, expresa en el documento.
El decreto también menciona la importancia de la cooperación internacional como un mecanismo estratégico. Esto permitirá fortalecer las capacidades nacionales y combatir el crimen organizado transnacional mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad.
Entre los objetivos nacionales que plantea el documento se encuentran:
En conclusión, el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 busca ser una guía para enfrentar desafíos como la ciberdelincuencia y la economía criminal.