El Metro de Quito dilata una vez más su puesta en movimiento al servicio de la colectividad. El Directorio de la Empresa responsable decide apostar por la operación propia.
La dilatoria hará retrasar aún más una operación que de suyo es compleja y requiere de alta capacitación técnica y gerencial.
El costo de esa operación ascendería a USD 158 millones. La opción de dar paso a una concesión y operación de algunos de los tantos ponentes expertos en este tipo de sofisticado sistema fue desechada.
Hay varios aspectos en juego: el primero es que la Empresa Metro de Quito cuente con un adecuado y solvente soporte gerencial que no solamente arranque en la fase de operación sino que capacite al personal municipal para evitar enojosos episodios, como ocurre en la Empresa de Transporte de Pasajeros.
Otro aspecto clave será la dotación de nuevo personal -como si el Cabildo no estuviese ya atiborrado de funcionarios y empleados-. Ese personal debe ser eficiente y su entrenamiento, altamente sofisticado.
La operación per se entraña además conceptos de tecnología, seguridad, redes de comunicaciones, servicios de mantenimiento, puertas y conexión a la red de transporte que permita una operación conjunta con los buses y alimentadores actuales.
Si la tarifa unificada todavía no se fija y si además el número de usuarios en los primeros años estará lejos de los promedios calculados, al menos hasta que cese la pandemia y el sistema sea confiable y cómodo para los pasajeros, esto supone retos y costes adicionales que asumir.
Los multilaterales aclararon sus conceptos en una carta del mes de octubre y aconsejan tomar en cuenta la complejidad de la operación.
La ciudadanía espera un sistema rápido, seguro, limpio y con costos accesibles al bolsillo golpeado de los vecinos de Quito.
La operación propia retrasará el calendario hasta bien avanzado el 2022, pero lo importante es asegurar una operación técnica de calidad y con transparencia y sin más costos para el erario municipal y nacional.