En Quito, miles de personas van y vienen del trabajo, de la universidad, de una cita médica, de una entrevista laboral… Para cada desplazamiento se depende, en mayor medida, del bus. Y pese a que el transporte público urbano es el medio más usado, la calidad del servicio resulta un dolor de cabeza.
El confinamiento por el covid-19 suponía que podía ser un punto de inflexión para este sector, en Quito como en cualquier parte del Planeta.
Pero esta suposición sigue estando alejada de la realidad, por lo menos en la capital ecuatoriana. A diario, los usuarios son testigos de una serie de infracciones.
Entre las contravenciones están: carreras entre unidades, caso omiso a las señales de tránsito, exceso de velocidad. El maltrato al usuario y la contaminación suman.
A partir de abril del 2021, la Secretaría de Movilidad municipal puso como condición a las operadoras que realicen mejoras en toda su operación para subir la tarifa a USD 0,35.
Desde entonces, hay unidades con sistemas GPS, cámaras de video, contadores de pasajeros, entre otras tecnologías pero la calidad continúa generando malestar, sin contar con la inseguridad.
La Contraloría realizó un examen especial, entre enero del 2019 y mayo del 2022, cuyo informe de resultados fue aprobado a inicios de este 2023. El órgano de control analizó la asignación de rutas, a través de concurso público; el cumplimiento de adendas a los contratos de operación y autorizaciones para subir el pasaje.
Esta auditoría es una prueba más de las irregularidades, que los pasajeros viven a diario sin ninguna posibilidad de prescindir del servicio.
Una de las primeras conclusiones es que se autorizó el alza del pasaje a 11 operadoras que no garantizan condiciones técnicas ni operativas.
Esto se debe a que no cuentan con el número de conductores, personal administrativo y técnico por unidad y su habilitación con licencias D y E.
No se encuentran reportes de monitoreo y control, así como el aplicativo Movilízate UIO para verificar el cumplimiento del aforo.
El mantenimiento preventivo, capacitaciones y afiliación activa de conductores carecen de reportes, por falta de control, validación documental y verificación in situ.
No se aplicaron sanciones pese a tener informes de monitoreo y control de incumplimientos de indicadores de calidad del servicio, entre diciembre de 2021 y mayo 2022.
No hay informes de seguimiento ni información para mejorar el servicio.
Previo al concurso para asignar rutas no se especificaron tasas, tarifas y recursos municipales en el modelo de gestión. Por esta causa no se definieron fuentes de financiamiento ni se certificó la disponibilidad de recursos económicos.
El informe concluye que se adjudicó rutas de transporte público a operadoras que no garantizan capacidad técnica, administrativa y operativa para prestar el servicio.
Estos hallazgos, además de indignantes para la ciudadanía que a diario se sube al transporte público y paga por una tarifa, demandan cambios estructurales.
Uno de estos es la formalización laboral del sector y el cumplimiento de indicadores básicos para garantizar un servicio digno y seguro. El seguimiento y control diario de los indicadores de calidad es una necesidad tanto para el trabajador del transporte como para la ciudadanía que padece, cada día, las consecuencias de la informalidad.
Más editoriales: