Incendios forestales obligan a Quito a repensar prevención

El incendio forestal que comenzó el domingo 13 de septiembre en La Vicentina y alcanzó sectores de Itchimbía volvió visible una vulnerabilidad que Quito conoce demasiado bien.

La columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, la avenida Velasco Ibarra fue cerrada en ambos sentidos y 169 barrios quedaron bajo distintos niveles de monitoreo por la dispersión del humo.

Un incendio forestal, cuando ocurre dentro o junto a una ciudad, deja de ser solamente un problema ambiental.

También altera movilidad, salud, seguridad, servicios de emergencia y organización barrial. Obliga a desviar tránsito, movilizar personal médico, proteger viviendas y seguir la calidad del aire incluso lejos de las llamas. El lunes, después de controlar el fuego, más de 70 bomberos y 27 vehículos continuaban enfriando el terreno para evitar reactivaciones.

Quito ya vivió una advertencia mayor. En 2024, los incendios forestales afectaron aproximadamente 2 200 hectáreas en el Distrito. Solo durante la emergencia de septiembre, más de cien familias fueron evacuadas y varias vías tuvieron que cerrarse.

Dos años después, el balance preliminar de 2026 apunta a unas 1 000 hectáreas afectadas hasta el 14 de septiembre.

La pregunta, entonces, no es si la ciudad aprendió algo. Sí existen avances. Bomberos mantiene nueve puntos estratégicos de monitoreo, seis con tecnología óptica y térmica; se instalaron gabinetes contraincendios en zonas vulnerables; existen patrullajes preventivos, campañas ciudadanas y sanciones por quemas a cielo abierto.

La cuestión es si esas medidas forman ya un sistema urbano suficientemente integrado para anticipar, contener y reducir impactos.

El clima añade presión. Registros municipales muestran que la temperatura media anual de Quito aumentó 0,7 grados entre los períodos 2004-2009 y 2020-2024. El calor, la baja humedad y la vegetación seca pueden facilitar la propagación del fuego. Eso no significa que el cambio climático explique por sí solo cada incendio: la ignición tiene causas específicas que deben investigarse. Pero una ciudad más cálida debe prepararse para condiciones de riesgo más exigentes.

Esa preparación no corresponde únicamente a Bomberos. Movilidad necesita protocolos rápidos para cierres y rutas alternas. Salud debe anticipar efectos del humo. Ambiente tiene que restaurar suelos y ecosistemas. Los barrios de interfaz necesitan organización, rutas de evacuación y equipos básicos. La autoridad de control debe actuar antes de que una quema se convierta en emergencia.

La ciudadanía también forma parte del sistema: reportar humo temprano, evitar quemas y conocer cómo protegerse reduce riesgos.

Quito no podrá impedir todos los incendios forestales. Sí puede disminuir su frecuencia, propagación y costo urbano. Eso supone además revisar dónde crece la ciudad, cómo conviven viviendas y vegetación, qué accesos necesitan los equipos de emergencia y qué comunidades requieren capacitación permanente.

La prevención también es una decisión sobre planificación territorial urbana. Cada emergencia debería dejar mapas actualizados, evaluación de tiempos de respuesta, lecciones públicas y correcciones concretas.

La prueba del aprendizaje no está en recordar el incendio de 2024 cuando vuelve a aparecer humo. Está en comprobar que, desde entonces, la ciudad es menos vulnerable cuando el fuego regresa.

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