Ecuador enfrenta incendios forestales y una prevención pendiente
Los incendios forestales exigen una prevención permanente, medible y sostenida de enero a diciembre.
Los incendios forestales vuelven a colocar a Ecuador frente a una emergencia conocida. Hasta las 10:00 de este miércoles 12 de agosto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportaba 12 incendios activos y cuatro controlados. Quito y Cotacachi concentraban la atención prioritaria, con más de 500 hectáreas afectadas de manera preliminar en Cotacachi y alrededor de 200 entre Rayocucho y Tanlahua, cifra todavía pendiente de validación.
El daño visible es apenas una parte. En el norte de Quito, las llamas atraviesan zonas utilizadas por mamíferos pequeños, reptiles, anfibios y aves para desplazarse, descansar y anidar.
La pérdida de vegetación altera hábitats, suelos y corredores naturales. A eso se suman condiciones meteorológicas que favorecen la propagación: altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento. Bomberos registró ráfagas cercanas a 55 kilómetros por hora y, en ciertos puntos, la topografía obliga al personal a caminar cerca de una hora hasta la línea de fuego.
La respuesta moviliza cientos de personas, vehículos, drones y cámaras térmicas. Eso demuestra capacidad operativa, pero también cuánto cuesta combatir un incendio una vez que ya empezó.
Aquí aparece una palabra conocida: prevención.
No es nueva. En julio de 2024, el COE Metropolitano activó acciones para la época seca. En 2025, el Cuerpo de Bomberos Quito volvió a presentar la campaña “Juntos contra el fuego”. En junio de 2026, la misma campaña fue relanzada para promover prácticas seguras, alerta temprana y denuncia. La prevención, por tanto, no ha estado ausente del discurso institucional.
El problema es otro: cada temporada obliga a preguntar cuánto de esa prevención se convierte en reducción permanente del riesgo, cuánto se mide y cuánto permanece durante todo el año.
La pregunta es especialmente pertinente porque una parte decisiva del problema tiene origen humano. En el informe de Bomberos sobre 285 incendios registrados entre julio y el 14 de septiembre de 2024 en Quito, la quema agrícola representó el 40,7% de los casos; los incendios provocados deliberadamente, el 30,18%; la quema descontrolada de desechos, el 23,16%; las fogatas, el 5,61%; y las causas naturales, apenas el 0,35% (el de las laderas del Pichincha que fue provocado por un rayo).
Prevenir, entonces, no puede reducirse a pedir prudencia cuando aparece el humo.
Requiere trabajo sostenido en zonas críticas, control de quemas, reducción de material combustible, vigilancia, educación comunitaria, rutas de acceso, sistemas de alerta y sanciones cuando corresponda. También exige evaluar públicamente qué medidas funcionaron y cuáles no.
El cambio climático añade presión, pero tampoco debe utilizarse como explicación automática. No es posible atribuir cada incendio específico al calentamiento global. El IPCC sí ha documentado que los episodios simultáneos de calor, sequedad y viento —el llamado tiempo propicio para incendios— se han vuelto más frecuentes en algunas regiones.
Ecuador no puede impedir todas las igniciones ni controlar el clima. Sí puede reducir su vulnerabilidad. Tal vez esa sea la diferencia entre repetir cada año la palabra prevención y convertirla en una política verificable: actuar cuando todavía no hay humo, medir resultados y corregir antes de que vuelva la próxima temporada.
Cuando el bosque arde, buena parte del daño ya ocurrió.
