El Niño exige capacidad de respuesta

El Niño ya golpea al Ecuador. Los ríos desbordados y las familias afectadas obligan a situar la discusión sobre créditos y ayudas en su dimensión urgente: atender a quienes sufren la emergencia, reducir los daños y evitar nuevas afectaciones. El financiamiento debe traducirse en protección.

Los desbordamientos de nueve ríos en Esmeraldas y Pastaza muestran la gravedad del momento. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 800 familias afectadas en Muisne, donde también se informó de viviendas destruidas e inhabitables. Detrás de esas cifras hay personas que intentan rescatar sus pertenencias y recuperar su vida cotidiana. Su atención debe orientar las prioridades y los tiempos de la respuesta estatal.

‘La urgencia obliga a actuar con agilidad y a asegurar controles. Cada contrato y desembolso debe poder examinarse con facilidad, porque la emergencia no suspende el deber de rendir cuentas’.

La lluvia y el granizo que golpearon el norte de Quito el 4 de octubre añaden otro escenario de riesgo. Las condiciones para circular se deterioran y exigen precauciones. La referencia popular al cordonazo de San Francisco acompaña el temporal, pero las decisiones públicas deben responder a criterios técnicos. La capital recuerda que la protección ciudadana requiere capacidad de respuesta en distintos territorios.

La Corporación Andina de Fomento (CAF)anunció una línea de 1 000 millones de dólares para apoyar la preparación, mitigación y respuesta de los países de la región. La iniciativa contempla también asistencia técnica y ayuda humanitaria. Se trata de una oportunidad para Ecuador, pero no de un monto asignado íntegramente al país ni de recursos cuyo desembolso pueda darse por hecho. Gestionar ese apoyo exige precisar necesidades, proyectos y responsabilidades.

Contratar créditos compromete recursos futuros. Esa obligación debe justificarse con intervenciones oportunas y resultados verificables. Las autoridades tienen que informar cuánto solicitan, bajo qué condiciones, para qué lo utilizarán y quién responderá por su ejecución. La urgencia obliga a actuar con agilidad y a asegurar controles. Cada contrato y desembolso debe poder examinarse con facilidad, porque la emergencia no suspende el deber de rendir cuentas.

Las ayudas requieren igual transparencia. Su distribución debe atender la gravedad de las afectaciones, sin favoritismos ni cálculos políticos. Gobierno y administraciones locales deben coordinar la atención, aprovechar la asistencia técnica y explicar qué población recibirá apoyo. A la respuesta inmediata debe sumarse la protección del agua potable, la electricidad, la alimentación y la salud, servicios y necesidades que el fenómeno amenaza.

Prevenir sigue siendo indispensable, pero significa ahora impedir que los daños se extiendan y que más familias queden expuestas. La responsabilidad pública se mide en ayuda que llega, recursos bien empleados y decisiones que reducen riesgos. Ecuador necesita una respuesta a la altura de la emergencia presente. Endeudarse y recibir cooperación obliga a proteger a la población y a demostrar, con cuentas claras, que cada dólar cumple ese propósito.