Ecuador debe reforzar la frontera norte ante mafias

El reciente reportaje de Revista Semana ha vuelto a colocar sobre la mesa una verdad incómoda: la frontera entre Ecuador y Colombia es hoy un corredor estratégico dominado por mafias, disidencias guerrilleras y carteles internacionales que superan la capacidad de respuesta de las fuerzas estatales.

La publicación detalla que, en los últimos dos años, estas organizaciones se han convertido en actores de poder en los pasos fronterizos, desplazando a los ejércitos de ambos países.

Lo más grave es que, según declaraciones recogidas por la revista, estas redes criminales han comprado voluntades políticas, judiciales y policiales, con lo cual su influencia supera la esfera meramente territorial.

En este contexto, insistir en que el Estado ecuatoriano refuerce la vigilancia y control de la frontera norte no es un gesto retórico: es una exigencia de seguridad nacional.

El impacto de las fallidas negociaciones de paz en Colombia con las disidencias de las FARC y el ELN, como describe Semana, ha repercutido directamente en la seguridad ecuatoriana.

Al retomar operaciones ofensivas en territorio colombiano, estas facciones han encontrado en Ecuador un terreno donde pueden reorganizar sus economías ilícitas, vinculadas a carteles de México, Europa e incluso Albania. Bajo nombres nuevos, como las Autodefensas Unidas de Nariño, estas estructuras buscan consolidarse en la zona fronteriza.

La dimensión del problema va más allá del narcotráfico. El mismo reportaje revela que la minería ilegal en el norte de Ecuador, controlada por grupos guerrilleros colombianos, genera un daño ambiental que golpea tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales. “Por un kilo de oro que ponen en el mercado, tienen 100 000 dólares”, señaló un oficial citado por la publicación, evidenciando cómo la rentabilidad de esta actividad ilegal supera cualquier control estatal.

El puente de Rumichaca, principal paso legal entre Ecuador y Colombia, no ha escapado a esta dinámica. Según la investigación, organizaciones como el Tren de Aragua han extendido allí sus redes de narcotráfico, trata de migrantes y extorsión, con capacidad incluso de infiltrar fuerzas policiales mediante sobornos.

Una práctica denominada el “cambiazo” se ha documentado en la zona: cargamentos de cocaína que ingresan al Ecuador son intercambiados por ketamina, enviada desde nuestro territorio hacia Colombia para la producción de drogas sintéticas en urbes internacionales.

El excomandante de la Policía ecuatoriana, general Fausto Salinas, declaró a Semana que de las 1 500 toneladas de cocaína producidas anualmente en Colombia, cerca de 900 transitan por Ecuador antes de ser enviadas a Estados Unidos, Europa y Asia. Esta cifra desnuda el peso del país en la logística global del narcotráfico y la urgencia de una estrategia integral para frenar el flujo.

A nivel político, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. El 18 de agosto de 2025, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, fue consultada sobre las denuncias de movimientos irregulares en la frontera. Reconoció que no contaba con información oficial y que los ministerios de Defensa y del Interior serían los encargados de dar respuestas precisas.

No se trata solo de un problema de seguridad, sino también de gobernabilidad, economía y medio ambiente que data de décadas. La construcción de puentes clandestinos y carreteras en la selva para sacar droga desde Nariño y Putumayo hacia el Ecuador muestra la capacidad de inversión y logística de estas organizaciones. Frente a ello, las autoridades locales y nacionales parecen actuar con respuestas reactivas, sin planes estructurales de corto, mediano y largo plazo.

El Ecuador no puede permitirse seguir siendo un simple corredor de paso. El fortalecimiento de la vigilancia fronteriza debe combinar tecnología de punta —sensores, drones, cámaras térmicas, sistemas de inteligencia artificial— con un trabajo humano que involucre a las comunidades de frontera como actores de seguridad. Del mismo modo, es urgente retomar la cooperación binacional con Colombia, que aunque compleja, es indispensable.

Más allá de la coyuntura, lo que está en juego es la capacidad del Estado de ejercer soberanía en su propio territorio. Cada kilómetro fronterizo que queda bajo control de mafias es un retroceso en democracia, seguridad y confianza ciudadana. Y cada día que pasa sin una estrategia sólida, el país se acerca más a normalizar lo inaceptable: que nuestras fronteras sean gobernadas por el crimen.