En un país que todavía tiene varios problemas irresueltos en cuanto a la reinstitucionalización, la llegada de José Tuárez a la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha estado acompañada de sobresaltos.
No solo fue su estilo el que prendió las alarmas. Más allá de las reminiscencias de un populismo ajeno a lo que se espera de alguien que está al frente de una entidad cuya existencia es cuestionada, también hubo dudas sobre los datos que sirvieron para su calificación como candidato.
Si la manera en la que tanto él como la mayoría de vocales que lo eligió empezaron a actuar desde el inicio fue motivo de preocupación, con el paso de los días el organismo se convirtió en una fuente de conflictos. La única fuerza que coincidió con las acciones de Tuárez fue la del expresidente Rafael Correa.
Así como ya sucedió en otros espacios, ayer en la Asamblea Nacional, durante el juicio político que se sustanció contra Tuárez y otros tres vocales, los aplausos vinieron de la bancada de la Revolución Ciudadana. La convocatoria a una Asamblea Constituyente es una de las coincidencias en la visión de unos y otros.
La decisión de cesar en sus cargos a Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez abre un espacio para considerar una recomposición dentro de un organismo cuyos miembros, por definición, supuestamente no tienen militancia.
Mientras se definen las reformas y las vías que permitan acotar y hasta eliminar un organismo que fue creado básicamente para acrecentar el control político desde el Ejecutivo en la era correísta, lo prudente es un accionar cívico y sin aspavientos como los que ha propiciado Tuárez.
Hay demasiados temas pendientes, y no solo para reparar la institucionalidad hecha a medida, sino para resolver, por ejemplo, los problemas financieros y económicos heredados de un gasto irresponsable y manchado por la corrupción.
Otra reforma indispensable tiene que ver con el Código de la Democracia, cuya vigencia haría inmanejable las próximas elecciones.