El derecho de todo estudiante a ser educado que consagra la Constitución es difícil de aplicar. No hay suficientes cupos, la zonificación complica el proceso y los padres tienen quejas y ven pocas soluciones.
La estructura estatal creó las Unidades Territoriales Educativas. El objetivo es tratar de evitar al alumnado grandes desplazamientos y ubicarlo en establecimientos cercanos a su lugar de residencia.
El propósito es loable pero puede ser utópico. O impracticable por el crecimiento desordenado y sin planificación de planteles y la concentración cercana de varios colegios preferidos, por su prestigio, en zonas centrales.
Los argumentos iniciales del plan decían que los mejores alumnos, los abanderados, por ejemplo, deberían tener preferencias en los colegios de élite. Quienes no pueden acceder pueden se sentirán marginados o desmotivados, pero la respuesta oficial es que la educación de calidad no es patrimonio de pocos establecimientos. En la práctica, hay casos de padres de algún buen estudiante que no tuvo cupo. Hay hermanos asignados a distintos centros. En la reportería levantada se advierte la carencia de espacios para responder a la demanda.
Sin duda la propaganda, otra vez, juega un papel contraproducente cuando las campañas hablan de las escuelas del Milenio -que son parte de un programa piloto y que desafortunadamente aún son muy pocas – y que muestran excelentes instalaciones y equipamiento de primer orden.
Las cifras de la millonaria inversión en educación no siempre remiten al gasto bien empleado y generan grandes expectativas. La gente, con justo derecho, demanda acceso a una educación de calidad. La asignatura de una educación de buen nivel que permita a millones de ecuatorianos estar preparados es la deuda social pendiente.