El uso de los cinturones de seguridad es obligatorio. Salvan vidas o, al menos, atenúan los daños físicos a las personas que sufren accidentes.
Las instituciones públicas que tienen responsabilidad en la materia son la Agencia Nacional de Tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador, además de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que hayan asumido competencias en este importante aspecto. Las cifras trágicas de las muertes por accidentes de tránsito se agravan con los daños y discapacidades que provocan los siniestros que suceden a diario.
Las causas de los accidentes se fundamentan muchas veces en fallas humanas, impericia e irresponsabilidad de los conductores, así como en el exceso de velocidad y fallas mecánicas.
Se hace necesario seguir insistiendo en que los controles mecánicos deben ser rigurosos. La capacitación profesional y la formación humana de los choferes es clave, tanto como las precauciones a tomarse durante la conducción. Para atenuar los excesos de velocidad, es urgente contar con dispositivos inhibidores.
Buena parte de las víctimas de accidentes, que no mueren por el impacto, sufren severas lesiones y discapacidades de diversos grados, lo cual arruina sus vidas y las de sus familias.
La exigencia de usar cinturones en los autobuses provinciales y cantonales es urgente, y los controles deben extremarse. La realidad, tal y como la mostró este Diario ayer, es que se irrespeta este mandato legal.
El Gobierno debiera emplear a fondo su aparato público poderoso de radio y televisión -al fin y al cabo pagado con el dinero de todos los ecuatorianos- en campañas que creen conciencia y adviertan sobre los riesgos de no usar el cinturón.
Sería otra forma de alejarse del abuso arbitrario de cadenas y spots para atacar a los enemigos políticos del Régimen, como sucedió en la década pasada, y emplear la fuerza de la comunicación oficial en pro de la gente. En definitiva, el bien superior de la vida es una de las prioridades de la acción gubernamental y su cuidado es su responsabilidad.