Caso Lizeth Bunshi exige mirar violencia contra mujeres
El caso Lizeth Bunshi exige mirar desapariciones y violencia contra las mujeres, más allá del morbo.
El hallazgo del cuerpo de Lizeth Bunshi, después de 37 días de búsqueda, obliga a Quito a detenerse más allá del desenlace policial. La estilista de 28 años fue reportada como desaparecida en julio y sus restos fueron encontrados el 25 de agosto en el río Machángara, en Guápulo.
La Fiscalía confirmó su identidad mediante una pericia odontológica. Su familia pide que el proceso, actualmente abierto por presunta desaparición involuntaria, sea reformulado para investigarse como femicidio.
Corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió. Existe una persona procesada y con prisión preventiva, pero ninguna imputación puede sustituir las pruebas ni anticipar una sentencia.
Ese cuidado jurídico no impide formular una pregunta más amplia: ¿qué revela la reiteración de desapariciones, agresiones y muertes de mujeres sobre las condiciones en las que viven en la ciudad?
La respuesta no puede construirse únicamente desde casos individuales. Tampoco toda desaparición de una mujer implica violencia de género. Sin embargo, el contexto obliga a mirar patrones.
La primera Encuesta Municipal sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, presentada en 2025, encontró que alrededor del 91% de las mujeres de Quito había experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida y cerca del 60% durante los doce meses anteriores.
Esas cifras convierten la protección en una responsabilidad pública permanente, no en una reacción posterior a cada tragedia. El Estado y los municipios necesitan saber dónde se concentran las agresiones, qué antecedentes existen, cómo funcionan las medidas de protección, qué ocurre después de una denuncia y cuánto tardan en activarse las búsquedas.
También deben evaluar si Policía, Fiscalía, servicios sociales, sistemas de emergencia y espacios de acogida comparten información y reaccionan con suficiente coordinación.
Quito cuenta además con servicios municipales de acogida para mujeres víctimas de violencia. Su existencia es necesaria, pero su eficacia debe medirse también por acceso, capacidad de respuesta, seguimiento y prevención de nuevas agresiones.
Quito ha vivido otros casos recientes que mantienen abierta esa discusión. La muerte de Nathaly Mafla, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional, continúa investigándose bajo la figura de supuesto femicidio. Cada expediente tiene circunstancias distintas, pero ambos recuerdan por qué una muerte violenta de una mujer exige investigar también su contexto y no solamente reconstruir sus últimas horas.
La sociedad tiene otra responsabilidad: no convertir el dolor en espectáculo. Una desaparición suele producir fotografías, rumores, hipótesis, videos y juicios instantáneos. Esa exposición puede ayudar a localizar a una persona, pero también puede revictimizar, afectar investigaciones y reducir una vida a contenido de consumo.
Una mujer debería poder estudiar, trabajar, divertirse, caminar o regresar a casa sin incorporar el miedo como parte inevitable de su rutina. Ese objetivo no se alcanza con consignas, sino con prevención, justicia, información y políticas verificables.
Lizeth Bunshi no puede quedar reducida a un número más. Su caso deberá resolverse en los tribunales. La pregunta colectiva es si, mientras eso ocurre, las instituciones aprenderán algo capaz de proteger a la siguiente mujer antes de que sea necesario volver a buscarla.
