La posibilidad de ir a un acuerdo comercial con Estados Unidos en este año, así como las mayores exigencias que establece la Unión Europea para el ingreso de los productos ecuatorianos en ese mercado, plantean grandes desafíos a la industria nacional.
Desde que se dolarizó la economía (año 2000) este ha sido el mayor reto que recae en el productor ecuatoriano, porque la sostenibilidad del sistema depende en buena medida de la llegada de divisas, a través de las exportaciones. En el actual Gobierno, mediante mesas de diálogo y la aprobación de leyes -como la de Fomento Productivo- se ha pretendido mejorar la competitividad, pero ese objetivo todavía no se concreta.
Eso, pese a que los productos nacionales tienen muchas oportunidades para ganar mercado. Es el caso de frutas como el banano orgánico, pitahaya, tamarindo, maracuyá o aguacate. Sin embargo, aún inciden aspectos relacionados con la contratación laboral y la política tributaria en los costos de producción.
Para tratar de mejorar la competitividad en el sector agroindustrial, el Ejecutivo acaba de lanzar su Política Agropecuaria 2020-2030. Esta iniciativa contempla varios ejes, entre los que se menciona el fomento de la productividad y calidad. El propósito del plan es establecer una hoja de ruta clara que incentive la actividad agrícola, que aporta con el 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Algo que también puede contribuir a mejorar la capacidad de la industria es la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Resultaba paradójico que Ecuador estuviera en el top mundial de las exportaciones de camarón y el atún, pero su legislación se haya quedado en los setenta.
Con este nueva ley se actualizará todo el marco normativo relacionado con el proceso industrial y la explotación y uso racional de los recursos hidrobiológicos. Y eso permitirá cumplir estándares internacionales de acceso a los mercados externos.
Si bien se avanza en determinados sectores, queda latente el interés nacional de privilegiar la competitividad como una política de Estado.