El alcance del golpe al cartel

La operación del 24 de septiembre contra una presunta red vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es un resultado relevante para Ecuador. Dejó más de 30 detenidos, según el Ministerio del Interior, después de ocho meses de investigación. Su importancia, sin embargo, deberá establecerse también en los tribunales y en la capacidad del Estado para afectar de forma duradera las rutas del narcotráfico.

La presencia del nombre del CJNG en las investigaciones relacionadas con Ecuador tiene antecedentes. Una acusación de la justicia estadounidense menciona al país en una operación de cocaína atribuida a dirigentes del cartel alrededor de 2009. Ese documento no identifica una estructura ecuatoriana de la organización en aquella fecha. Distinguir entre el uso de una ruta, la negociación con traficantes y la existencia de una red local permite comprender la evolución del problema sin atribuir a los expedientes más de lo que prueban.

‘Distinguir entre el uso de una ruta, la negociación con traficantes y la existencia de una red local permite comprender la evolución del problema sin atribuir a los expedientes más de lo que prueban’.

En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que representantes del traficante Wilder Sánchez Farfán viajaron a México para buscar una relación de trabajo con integrantes del CJNG. Dos años después, la misma entidad señaló que Los Lobos prestaban servicios de seguridad al cartel mexicano en las rutas de cocaína de Guayaquil. Son antecedentes que muestran distintas formas de colaboración criminal y la capacidad de estas organizaciones para establecer acuerdos según las necesidades del negocio.

La red intervenida ahora presenta, de acuerdo con el Ministerio del Interior, una característica diferente: habría trabajado directamente con el CJNG, sin vínculos con bandas ecuatorianas. La investigación le atribuye tareas de recepción de cocaína procedente de Colombia, acopio, transporte y envío por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala. Corresponde a la Fiscalía demostrar las responsabilidades de cada procesado y precisar cómo funcionaba esa estructura.

El operativo movilizó a más de 320 policías ecuatorianos y contó con el apoyo de la DEA y de integrantes del Comando Sur de Estados Unidos. Esa cooperación responde a la dimensión transnacional del tráfico de drogas. Ecuador necesita sostenerla con objetivos claros, coordinación entre instituciones y resultados que puedan verificarse. Las detenciones son una parte de esa tarea; el seguimiento del financiamiento, los cargamentos y las conexiones de la red también será decisivo.

La respuesta estatal exige rigor en dos planos. El primero es judicial: reunir pruebas suficientes y llevar los casos hasta una resolución. El segundo es institucional: determinar qué permitió que una organización con capacidad de acopio y salida internacional operara en territorio ecuatoriano, y cerrar esos espacios. Cada causa que no se esclarece y cada ruta que permanece disponible facilitan la recomposición del negocio criminal.

El golpe del 24 de septiembre abre una oportunidad para avanzar en ambos frentes. Su resultado se medirá con el desarrollo de los procesos judiciales y con la capacidad de impedir que otra red ocupe el lugar de la intervenida. Esa es la continuidad que Ecuador necesita de sus instituciones frente al narcotráfico.