Por la vertiginosa sucesión de acontecimientos y por el maniqueísmo que caracteriza al Ecuador político de hoy, considero que la buena noticia de que nuestro país ha dejado de estar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a partir del 20 de octubre último, ha pasado desapercibida entre la opinión pública e insuficientemente valorada.
El GAFI es una institución internacional cuyo objetivo es el de establecer políticas para combatir el lavado de dinero y prevenir el terrorismo. Creada en 1989, adquirió mayor relevancia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el recrudecimiento de las acciones de grupos terroristas en el mundo. Forman parte de este organismo 36 países entre los cuales el nuestro, por su firme voluntad, ya desde esa fecha, de luchar contra estos abominables crímenes. Sus resoluciones tienen significativa importancia no solamente para transparentar el ámbito financiero sino en el relacionamiento político diplomático pues su cumplimiento incide directamente en la confianza que genera un país en su política exterior.
Después de que Ecuador fuera incluido en 2009 entre los países, según el criterio de este organismo, con deficiencias legales y políticas para evitar que el lavado se instale en sistema financiero nacional y que no se hayan adoptado medidas suficientes para combatir el terrorismo, el Estado, a través de su Procurador General, ha seguido un largo, persistente y tortuoso camino para que el Ecuador sea excluido de esta lista. A pesar de que hemos sido altamente eficientes en la confiscación de drogas, en destrucción de laboratorios, ha sido necesario modificar leyes, crear otras y demostrar eficiencia en estas tareas. El Procurador se ha empeñado en lograr su objetivo y, una vez alcanzado, merece reconocimiento.
No es menos cierto, no obstante, que factores externos habrán ayudado en este propósito. Si una de las razones políticas, estoy seguro, era la vinculación del Ecuador con Irán, el más influyente miembro del eje del mal y que ahora ha hecho las paces con Estados Unidos y otras potencias occidentales respecto del uso de la energía nuclear, el escenario era más propicio.
El debate confrontacional y maniqueísta en que vivimos impide a muchos analistas destacar las acciones que son positivas. Esta es una de ellas y hay que ponerlo en evidencia.
Ahora sugiero la acción de nuestra diplomacia. Una vez que este grave escollo ha sido superado, Ecuador, a través de los canales diplomáticos pertinentes, debe tomar la iniciativa de invitar a una misión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que constate en el terreno los avances hechos. Esta actitud, aparte de ser usual, prestigiaría al Ecuador en su afán de demostrar la luchar contra el lavado de dinero y el terrorismo, y fortalecería la gestión de su política exterior.