La crisis carcelaria en Ecuador es resultado de un complejo entramado de razones sociales, jurídicas, institucionales, económicas. El derecho penal, el instrumento más poderoso con el que cuenta el Estado para “disciplinar”, parece ser la única respuesta a las consecuencias del delito y se ha dejado de prestar atención a los factores que lo originan. El Estado, en este como enmuchos otros temas, parece superado; dejó de pensar en cómo prevenir y ahora solo responde desde la represión, centrando sus acciones en los efectos de la delincuencia y no en sus causas.
En las explicaciones que se dan a la inseguridad, la crisis carcelaria, el incremento de delitos y la sensación de que las calles son espacios cada vez más peligrosos, los extremos se disputan la explicación del fenómeno. Las versiones ingenuas que atribuyen todos -o casi todos- los delitos a la pobreza y la exclusión; y los que miran todo desde la lógica del derecho penal del enemigo, para la que los factores sociales parecen no existir: todo acusado de un delito debe ser tratado como en una guerra, hay que separarlo, neutralizarlo. Las versiones del delincuente bueno, producto de la injusticia de la sociedad, y del delincuente malo, expresión de la perversión y la corrupción humana, se disputan el relato hegemónico, sin términos medios.
La cárcel, ahora designada con eufemismo como “centro de rehabilitación social”, es un espacio de “neutralización selectiva”, se sabe que quienes tienen recursos, medios, influencias, pueden evitar la prisión; los otros -la mayoría- que no tienen ese acceso y son sacados de la sociedad; al detenerlos el Estado y la comunidad se desentienden de ellos; pero, la realidad obstinada se expresa de la forma más brutal, con dolorosas imágenes de las masacres que al repetirse parecen haber insensibilizado a muchos que, incluso, llegan a alegrarse por estas muertes.
La grave crisis carcelaria, nacida de múltiples causas es compleja y no admite explicaciones lineales y exclusivas, varios factores están presentes: las tensiones por el incremento de la presencia de la delincuencia organizada en el país, que implica un crecimiento de las bandas dentro y fuera de las cárceles; el hacinamiento, el abuso de la detención, la carencia de recursos, la inexistencia de políticas de rehabilitación, los megacentros de detención, la corrupción, la negligencia, la improvisación, se han unido.
El gobierno actual no es el causante de una crisis gestada a lo largo del tiempo. La reforma carcelaria de las grandes infraestructuras, sin propuestas integrales, centrada en un cambio de lenguaje que se pretendía modificaba de la realidad. agravó la situación. La incompetencia del régimen de Moreno y los problemas económicos profundizaron esta crisis hasta extremos impensados, pero ahora Lasso es el responsable de la situación; en su gobierno han muerto 140 personas detenidas, cada una de ellas -sin importar las razones de su detención- estaban bajo la custodia del Estado que él representa y a él le toca solucionar el problema, sin hacer más de lo mismo, porque no funciona.